El Comité de Derechos Humanos de la ONU dijo hoy que le preocupan las actividades de erradicación manual de cultivos de hoja de coca que realizan campesinos pobres en Colombia y pidió al Gobierno que las interrumpa hasta que se compruebe que las áreas están libres de minas.
Ese trabajo es realizado por trabajadores que carecen de otras oportunidades laborales, pero tiene lugar en zonas potencialmente contaminadas por minas terrestres y donde además puede haber presencia de grupos armados ilegales.
El Comité, un órgano de la ONU que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados, evaluó en su último periodo de sesiones la situación en un grupo de países, entre los que estuvo Colombia.
Al hacer público hoy su informe final sobre este país, el órgano de la ONU valoró la información que recibió de las autoridades sobre medidas para disminuir los riesgos denunciados, pero enfatizó que ya se habrían perdido varias vidas por este tipo de erradicación de hoja de coca.
«Muchas personas habrían perdido la vida o resultado heridas como consecuencia de la explosión de minas terrestres o de ataques de grupos armados ilegales» ocurridos en esas circunstancias, señaló.
Por esta razón, el Comité pidió a Colombia que interrumpa la participación de civiles en esas actividades «hasta que se verifique que las áreas están efectivamente libres de minas terrestres» y que garantice una reparación integral para las personas que hayan resultado muertas o heridas.
En otra sección de su informe sobre Colombia, el Comité -integrado por un selecto grupo de expertos independientes- pidió al Gobierno de Juan Manuel Santos que «redoble» los esfuerzos para que no queden impunes los crímenes perpetrados por miembros de grupos paramilitares desmovilizados.
Esos esfuerzos deben incluir -agregó- a los jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos.
Sobre los grupos armados surgidos de la desmovilización de las organizaciones paramilitares, el grupo de la ONU dijo que resultan inquietantes las denuncias sobre la complicidad que éstos habrían tenido con agentes estatales.
En particular, se citaron los abusos de esos grupos en Buenaventura (Valle del Cauca), a pesar de que hubo acciones gubernamentales que llevaron a una reducción de la violencia en esa zona.
Por otra parte, el Comité indicó que resulta alarmante que se sigan reportando casos de desapariciones forzadas, un ámbito en el que dijo que los desafíos son grandes en cuanto a la búsqueda de personas o a la falta de información unificada acerca del número de víctimas.
En esta ámbito, una de sus recomendaciones centrales fue «agilizar los procesos de depuración del Registro de Personas Desaparecidas» para que se cuente con información precisa y unificada sobre los desaparecidos en Colombia. EFE