La Fiscalía de Perú ratificó este martes ante un juez supremo su pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, al que acusa de presuntamente liderar una organización corrupta durante su gobierno (2021-2022).
La fiscal Galinka Meza presentó estos argumentos ante el juez supremo Juan Carlos Checkley durante la vista del pedido para que se emita una nueva orden de prisión preventiva contra el exgobernante, quien se presentó a la audiencia, que se celebra de manera virtual, acompañado por su abogado, Eduardo Pachas.
Castillo ya cumple 18 meses de prisión preventiva desde el pasado 16 de diciembre, cuando se dictó esa medida mientras lo investigan por los delitos de rebelión y conspiración por haber intentado dar un autogolpe de Estado el 7 de diciembre.
Durante la audiencia de este martes, la fiscal señaló que a Castillo se le considera presunto autor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, de tráfico de influencias y como cómplice del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión simple.
La fiscal agregó que esto fue «agravado por su condición de líder» y que la presunta organización criminal comenzó a gestarse cuando Castillo pasó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en junio de 2021.
En ese momento, sostuvo, el todavía candidato se vinculó con personas que prestaron bienes muebles e inmuebles a su equipo de campaña y luego «vendrían a conformar el gabinete en la sombra».
Meza dijo que la presunta organización tenía una «estructura vertical, con un líder al que se le tenía que ejecutar todas las disposiciones que él pudiera sindicar» y que esta posición «era presuntamente asumida por Pedro Castillo».
El «propósito era captar el poder, copar entidades estatales y obtener ganancias ilícitas con licitaciones», dijo.
A decir a la Fiscalía, una segunda etapa se dio cuando Castillo ganó la segunda vuelta «antes de que asuma la Presidencia» y la organización «buscó copar las instituciones del Estado con la finalidad de direccionar los procedimientos de contratación pública».
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