Las manifestaciones que exigen la renuncia de la presidenta interina de Perú continúan, y como consecuencia al menos una veintena de personas han sido sentenciadas a prisión preventiva.
En este sentido, la justicia de Perú sentenció en la región de Ica a 27 manifestantes por supuestamente cometer «actos vandálicos», mientras que otras 22 personas de distintos departamentos se encuentran bajo prisión preventiva por «actos violentos», informaron este lunes fuentes oficiales.
«Estas personas fueron plenamente identificadas como autoras de la toma de carreteras en esta región sureña. Por ello, recibieron sentencias condenatorias por encima de los tres años de pena, y están obligados a pagar reparaciones civiles por un monto superior a los 50.000 soles (unos 12.990 dólares)», señaló en un comunicado el Ministerio del Interior de Perú.
Aunque no se produjo «la prisión efectiva de los sentenciados», debido a que los imputados reconocieron los delitos, los mismos se acogieron a la terminación anticipada de su caso.
En cuanto a los otros 22 manifestantes de diversas regiones del país a quienes les fue dictada prisión preventiva, el tiempo será de entre uno y 18 meses.
Las investigaciones que continúan en curso contra estos sospechosos tienen lugar en los departamentos de Ica, Puno, Arequipa y Cuzco, al sur de Perú, además de la región de Uyacali, fronteriza con Brasil.
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos Contra el Orden Público, perteneciente al Ministerio de Interior fue el órgano público que elaboró las investigaciones y acusaciones frente a estos 49 sujetos.
«La citada procuraduría reafirma su compromiso de perseguir el delito y que los actos violentos contra la policía, la ciudadanía y las instituciones públicas y privadas no queden impunes y se sancionen en el marco del debido proceso», apuntó el texto.
Las protestas desatadas el 11 de diciembre, cuatro días después del fallido intento de autogolpe de estado del exmandatario Pedro Castillo, exigen la destitución de la presidenta, Dina Boluarte, el adelanto electoral, el cierre del Congreso y la convocatoria de una asamblea constituyente.
Desde entonces, 69 personas han fallecido en actos relacionados con las protestas; 48 muertos en enfrentamientos entre manifestantes y Policía, uno de ellos un agente quemado vivo en la sureña ciudad de Juliaca, y otras 21 personas en actos vinculados con los cortes de carreteras, según diversas fuentes.
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