La fiscalía que interviene en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre el 2003 y el 2015 pidió que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y que se la inhabilite de por vida a ejercer cargos públicos.
El pedido de condena fue formulado por el fiscal Diego Luciani ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, tras considerar que la exmandataria fue la «jefa de la asociación ilícita» a la que se acusa, además, de haber cometido el delito de administración fraudulenta en contra de la administración pública.
El funcionario no solo pidió la inhabilitación perpetua para ocupar cargos de la vicepresidenta sino también de todos los ex funcionarios acusados en la causa por el presunto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Además, solicitó el decomiso de $5.321 millones, monto en el que -según estimó su par Sergio Mola- se defraudó al Estado.
En una nueva exposición en el tramo final de la etapa de alegatos ante el Tribunal Oral, Luciani consideró que Cristina y los demás acusados llevaron adelante «la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país». Y en esa línea, acusó a la dos veces presidenta de la Nación de actuar con «ánimo de lucro y codicia».
Por la mañana, mientras los fiscales todavía ofrecían su alegato, la expresidenta sorprendió al solicitar al tribunal que mañana se le permita ampliar su declaración indagatoria.
El pedido de condena se conoció después de más de siete horas de audiencia. En cuanto terminó, el presidente Alberto Fernández emitió un comunicado para apoyar a la expresidenta.
«El Gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta que quedó expresada hoy, una vez más… la tipificación abusiva de la figura de asociación ilícita, la imposición de una pena preventiva como pena anticipada son todos aspectos que contradicen la dogmática del derecho penal», señaló el escrito.
Agregó que ninguno de los actos atribuidos a Fernández de Kirchner ha sido aprobado. «Toda la acusación de la carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese periodo, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Moderno», afirmó.
La expresidenta es la protagonista de lo que se ha denominado como la «Causa Vialidad», ya que se originó en una auditoría realizada por la Dirección Nacional de Vialidad en 2016, bajo el Gobierno de su sucesor, Mauricio Macri, y que investiga 51 contratos que obtuvo el empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, ubicada en el extremo sur del país, y que ha sido el feudo político de la familia Kirchner.
El fallecido esposo y antecesor de la vicepresidenta, Néstor Kirchner, gobernó esa provincia de 1991 a 2003, año en el que se convirtió en presidente. Desde entonces, Báez, uno de sus amigos más cercanos, comenzó a obtener licitaciones que lo enriquecieron. En total, se quedó con el 78.5% de los contratos de obras viales.
A pesar de que cobró la totalidad de los fondos públicos, sólo terminó 27 de las 51 licitaciones. En la mayor parte de los casos, con sobreprecios millonarios.
De acuerdo con la fiscalía, los Kirchner y otros 12 exfuncionarios y empresarios que también están imputados participaron en una red para beneficiar a Báez, quien obtenía las licitaciones y, de manera paralela, hacía negocios con las firmas hoteleras de la familia presidencial.
Lo único que le faltaba a Rodríguez Larreta para ser Macri: la policía de la ciudad reprimió con palos, gas pimienta y gases lacrimógenos a ciudadanos y ciudadanas que se acercaron a Juncal y Uruguay como muestra de apoyo frente a los insultos de un grupo de energúmenos macristas
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2022
Noticias 24 Miami