El comisionado de Miami-Dade Joe Martínez se entregó a la fiscalía estatal para afrontar acusaciones por supuestamente haber recibido un pago de 15.000 dólares para ayudar al propietario de un local comercial que enfrentaba violaciones al código urbanístico del condado.
Martínez es acusado de “recibir una compensación ilegal y de conspirar para beneficiar a una tercera persona”, según expone la orden de arresto.
Ambas acusaciones son consideradas por ley como delitos punibles de tercer grado que pudieran representar hasta cinco años de prisión por cada uno.
Horas después, la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, confirmó, durante una conferencia de prensa, las acusaciones y expuso “que un funcionario público solicite fondos para beneficiarse a sí mismo o a sus socios comerciales es tanto ilegal como ofensivo”.
«Hay mucha gente buena y trabajadora en el gobierno que respeta y honra la confianza del público», añadió.
Martínez, 64 años, se entregó al centro de retención penitenciaria de Miami-Dade y horas después fue ‘liberado’ bajo una fianza de 12.500 dólares.
Es muy probable que el Gobierno estatal, a través de una orden del gobernador, suspenda a Martínez de su cargo, lo que resultaría en la asignación de un legislador temporal por parte de la Comisión condal.
El informe de la investigación revela que Martínez aceptó 15.000 del dueño de un supermercado, que enfrentaba repetidas multas por tener demasiadas unidades de almacenamiento en la propiedad.
A cambio del dinero, la fiscalía estatal sostiene que Martínez impulsó una legislación condal que permitiría que el supermercado y su arrendador pudieran tener un número mayor de contenedores.
Aunque la legislación finalmente no fue aprobada, los funcionarios dicen que los cargos tienen lugar.
Noticias 24 Miami