La Corte Suprema de Florida se apuesta a escuchar el controvertido debate sobre la ley estatal que prohíbe a gobiernos locales legislar medidas más estrictas sobre el control de armas de fuego. Publicado en El Diario de Las Américas.
La situación anima a grupos de ambas partes de la ecuación: oficiales electos y la Asociación Nacional del Rifle (NRA) por un lado y el Giffords Law Center y la League of Women Voters of Florida por el otro.
La demanda presentada data de 2018, cuando docenas de ciudades y funcionarios locales presentaron una demanda contra el estado, después de la masacre en una escuela en Parkland, al norte de Miami, en el que 17 personas fueron asesinadas y 17 fueron heridas.
Lo que está en discusión ante el tribunal superior estatal es una ley de 2011 que permite al estado multar a gobiernos y funcionarios locales con miles de dólares por aprobar leyes estrictas sobre armas.
De esta manera, gobiernos municipales y condales podrían enfrentar multas de hasta 100.000 dólares, además de penalidades de 5.000 dólares a funcionarios electos que respalden esas medidas.
El tribunal superior del estado considera atiende el caso después de que la ley antes mencionada fuera anulada por el Tribunal de Circuito del Condado de Leon, pero el año pasado el Tribunal de Apelaciones del 1er. Distrito falló en contra de la corte inferior, lo que llevó a la comisionada demócrata de Agricultura Nikki Fried, quien también se postula para gobernadora, y a 30 gobiernos locales a apelar la decisión ante la Corte Suprema de Florida.
“Con todo respeto a estos izquierdistas, solo quieren acabar con los derechos de la Segunda Enmienda”, reclamó el gobernador Ron DeSantis en una conferencia de prensa el pasado miércoles.
Acorde con informes divulgados por el grupo OpenSecrets, una organización que analiza las finanzas de campañas políticas, la NRA ha apoyado a políticos de la nación con más 148 millones de dólares en los últimos 12 años.
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