Luego del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos revocando el derecho al aborto, el debate se trasladó a tribunales del país el lunes, mientras activistas antiaborto trataban de implementar rápidamente prohibiciones y sus oponentes intentaban postergar la aplicación de la medida. Publicado en dallasnews.
La decisión tomada el viernes por la Corte Suprema provocó el inicio de una enorme serie de batallas legales de parte y parte.
Texas no fue la excepción.
Varios proveedores de servicios de aborto de Texas están tratando de reanudar temporalmente los procedimientos y han presentado una demanda desafiando al fiscal general Ken Paxton.
Las clínicas y los proveedores quieren reanudar temporalmente los abortos antes de que entren en vigor leyes más restrictivas. Todas las clínicas de Texas dejaron de brindar abortos el 24 de junio después de que la Corte Suprema anuló Roe vs. Wade, el fallo de 1973 en un caso del condado de Dallas que estableció el derecho constitucional al aborto.
Paxton emitió un aviso poco después del fallo de la Corte Suprema, indicando que la “ley detonante” entrará en vigor 30 días después de que se emitió la decisión. Sin embargo, Paxton dijo que los proveedores podrían ser penalmente responsables según las leyes anteriores a Roe que no se podían hacer cumplir antes del fallo de la Corte Suprema.
Muchos de los casos judiciales en todo el país girarán en torno a “leyes gatillo”, es decir, aquellas adoptadas en 13 estados en anticipación del fallo de la Corte Suprema de tal manera que pudiesen entrar en vigencia inmediatamente.
Las demandas podrían también derivar en la aprobación de antiguas leyes que, mientras era protegido el derecho al aborto, permanecían sin ser implementadas, así como restricciones a la interrupción del embarazo que estaban en pausa hasta que la Corte Suprema se expresara sobre el tema.
“Iremos a tribunales mañana, y al día siguiente, y al siguiente también”, expresó a reporteros Nancy Northup, presidenta del Centro para los Derechos Reproductivos.
El lunes, un juez en Florida consideraba un pedido de activistas a favor de derechos de la mujer de bloquear una ley estatal que, con ciertas excepciones, prohíbe todo aborto después de las 15 semanas de embarazo y que entrará en vigor el 1 de julio. Planned Parenthood Association of Utah ya entabló una demanda en ese estado. La Unión Americana de Derechos Civiles en Arizona, junto con un grupo pro-derechos de la mujer, presentó una moción de emergencia el sábado pidiendo bloquear una ley de 2021 que, temen, podría ser usada para ilegalizar todos los abortos.
Brigitte Amiri, subdirectora del Proyecto de Libertades Reproductivas de la Unión Americana de Derechos Civiles, dijo que la organización está estudiando “todas las opciones” a fin de proteger el derecho de una mujer de decidir sobre su embarazo. A partir del sábado cesaron todos los servicios de aborto en por lo menos 11 estados, ya sea por leyes locales o por la confusión reinante.
En algunos casos, las demandas podrían no ser más que un intento de postergar la aplicación de las nuevas normas. Aun si los tribunales bloquean algunas restricciones, los legisladores en estados conservadores podrían eventualmente modificar términos para rectificar cualquier falla percibida.
Las demandas contra las “leyes gatillo” podrían argumentar que no están dadas las condiciones para aplicar las restricciones, o que es inapropiado que una legislatura previa apruebe leyes obligando a la legislatura actual a atenerse a ella.
Laura Herner, profesora en la Escuela de Derecho Mitchell Hamline en St. Paul, Minnesota, dijo que las demandas también podrían argumentar que faltan condiciones de igualdad de protección, o que una ley no incluye excepciones claras para proteger la salud o la vida de la madre.
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