La justicia chavista condenó al general retirado del Ejercito Ángel Vivas, acusado en 2014 por Nicolás Maduro de incitar a la violencia en las protestas contra su Gobierno, a siete años y seis meses de prisión por el delito de instigación a la rebelión, informó este martes la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Publicó el Comercio de Perú con información de EFE.
La información fue confirmada a Efe por el abogado defensor de Vivas y miembro de esta ONG Kelvi Zambrano, quien detalló que Vivas está detenido desde 2017 y se encuentra bajo libertad condicional desde 2018, cuando Maduro ordenó la revisión de los casos de 39 “actores políticos” encarcelados.
La condena fue ordenada por el Tribunal Primero Militar de Caracas, que resolvió absolver a Vivas por los cargos de traición a la patria y rebelión militar, de los que también estaba acusado.
Vivas fue señalado por Maduro de “entrenar” a los que cruzaron cables en las barricadas levantadas en algunas calles durante las protestas de 2014, contra los que impactaron algunos motoristas.
Posteriormente, se atrincheró armado en su vivienda y no fue sino hasta el 7 de abril de 2017 cuando fue detenido y recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide.
“El tribunal consideró que el General Ángel Vivas fuese condenado por el delito de instigación a la rebelión y fuese por los delitos de traición a la patria y rebelión militar. Dejándole una pena de siete años y sesis meses”, detalló Zambrano sobre la decisión del juzgado militar.
Sin embargo, recordó que como “ya el general Vivas ha cumplido más de la mitad de esta condena”, completará el resto de la sentencia -alrededor de dos años- bajo régimen de presentación en tribunales, cada 30 días.
“Denunciamos que en Venezuela, a partir del caso del general Vivas, se ha institucionalizado lo que se conoce como el derecho penal del enemigo que es que se le da un tratamiento a las personas como si fuesen un peligro para el país o unos enemigos del Estado”, apuntó Zambrano.
La defensa recordó que en 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó a Vivas y su familia medidas cautelares por considerar que “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo” a sus derechos en Venezuela.
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