Claudia Díaz Guillén, la mujer que fuera enfermera del fallecido Hugo Chávez y que llegó a ser también Tesorera de Venezuela se declaró «indigente económicamente» ante un tribunal de Florida, al tiempo que ofreció cancelar $1.000.000 por su libertad condicional. Publicado en el Diario de Las Américas con información de Tal Cual.
La semana pasada, España extraditó a Díaz a EEUU donde deberá enfrentar la justicia que la acusa de los delitos de blanqueo de capitales y crimen organizado con relación a un supuesto esquema de cambio de divisas, el cual orquestó con su esposo, Adrián Velásquez, que generó ganancias por cientos de millones de dólares durante la administración del difunto Chávez, reseñó Tal Cual.
Uno de los beneficiados del presunto esquema es el empresario Raúl Gorrín, que está acusado de coludirse con Díaz Guillén y su esposo en la «estratagema corrupta» y haberles pagado al menos $65 millones en sobornos entre 2011 y 2013.
El esposo de Díaz Guillén fue jefe de Seguridad de Chávez.
Díaz Guillén dijo ante el tribunal que es “económicamente indigente y depende de la caridad de sus amigos y familiares”, lo que le impediría huir de Estados Unidos, según el escrito presentado por su defensa. Sin embargo, la Fiscalía considera que sí hay riesgo de fuga porque la acusada no tiene contactos en el Sur de la Florida, ha luchado contra su extradición a EEUU y es probable que el dinero que ofrece para pagar la fianza provenga del mismo esquema de corrupción por el que está siendo procesada.
Además, la Fiscalía del Sur de Florida puso en duda a la abogada de Díaz, Marissel Descalzo, porque fue defensora de uno de los involucrados en el caso, que brindó información clave para incriminar a la extesorera venezolana en el esquema corrupto.
Para argumentar su solicitud de fianza, Díaz Guillén citó los nombres de otros procesados por corrupción vinculada a Venezuela, que han pagado elevadas sumas de dinero para llevar sus juicios en libertad.
El tribuna fijó una nueva audiencia para el 23 de mayo.
En este caso se habla de una operación de lavado de $1.000.000.000 inicialmente, pero que podría llegar hasta los $2.400.000.000, según las actas.
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