El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este jueves una resolución que establecerá un grupo especializado a fin de investigar posibles violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018, frente al estallido de una revuelta popular calificada como “intento de golpe de Estado” por el Gobierno de Daniel Ortega.
El dictamen comprende la constitución del mecanismo de investigación con el mandato de «recolectar, preservar y analizar información y evidencias» sobre las posibles violaciones de derechos humanos, además de identificar a sus responsables.
La resolución, aprobada con 20 votos a favor de países miembros, siete en contra y 20 abstenciones, será desarrollada por un grupo de 3 expertos en materia de derechos humanos.
Esta misión, que prestará el servicio inicialmente durante el período de un año, tendrá una labor similar a la aprobada en 2019 para Venezuela, mediante otra resolución del Consejo de Derechos Humanos, por lo que es el segundo mecanismo de investigación de este tipo para países de Latinoamérica.
Asimismo, el documento presentado expresa preocupación por «el deterioro de la democracia y la situación de los derechos humanos en Nicaragua», donde se ha producido «un aumento de las restricciones al espacio democrático y de la represión a la disidencia».
La represión comentada se refiere a «actos de intimidación, acoso y vigilancia ilegal o arbitraria de defensores de derechos humanos». Igualmente, el documento reclama a las autoridades nicaragüenses el cese de las detenciones arbitrarias y la intimidación, la liberación inmediata de los detenidos injustamente y la investigación de casos de acoso a líderes políticos, periodistas, activistas y otros críticos con el Gobierno de Ortega.
El mecanismo de investigación instaurado en Nicaragua «no cuenta con el consentimiento del país y no ayuda a promover el diálogo ni la cooperación, alentando la confrontación y la politización de este Consejo», precisó la delegación de China.
Por su parte, desde su papel como miembro del Consejo que rechazó la providencia, Venezuela afirmó que el grupo de expertos tendrá «atribuciones parapoliciales».
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