Cuatro meses después de que la Corte Suprema rechazara la moratoria de desalojos por la pandemia de coronavirus, miles de personas en el sur de Florida afrontan la disyuntiva de pagar o irse a otro lugar. Trabajo publicado en Diario de Las Américas.
“Gente que ha vivido por años en un apartamento y perdieron sus empleos durante meses, ahora no pueden pagar lo que deben porque no tienen 4.000 o 6.000 dólares para saldar la deuda”, señaló el abogado Luis Martínez, del bufete Martinez & Associates.
De hecho, el Gobierno condal de Miami-Dade cuenta con una plataforma en Internet que sirve como mediador entre propietarios e inquilinos en casos de desalojo.
El portal, llamado CourtHELP, está disponible en courtinnovations.com/FLCOURTHELP en Internet.
Según datos extraoficiales, más de 15.000 solicitudes de desalojo han sido presentadas en Miami-Dade.
Los condados Broward, Palm Beach y Monroe, donde se encuentran Los Cayos, denotan cifras menores acorde a sus poblaciones.
Por otra parte, hay cientos de personas que dejaron de pagar hipotecas por situaciones económicas similares, lo que podría desatar una nueva ola de juicios hipotecarios por parte de bancos o instituciones financieras.
Se desconoce la cantidad de desahucios por impago de hipotecas que pudieran figurar en la cifra antes mencionada.
Ejemplos
Mario, que es padre soltero de dos hijos menores y músico y se gana la vida tocando su guitarra en bares de South Beach, estuvo 10 meses sin trabajo durante el tristemente célebre cierre de restaurantes.
“Creo que el momento que vivíamos impuso el cierre, pero ello afectó mucho y ahora no tenemos a donde mirar para resolver el problema”, comentó el guitarrista, que hoy vuelve a entonar los acordes de Stairway to Heaven en un bar de La Playa.
Mario optó por limpiar jardines durante los meses de cierre. Más tarde obtuvo ayuda del fondo Our Florida, que produjo el Congreso de la nación para paliar gastos, para pagar a su arrendador varios meses de alquiler.
Mario incluso logró negociar con el dueño del edificio donde vive para pagar el retraso de alquiler, pero los meses pasan y la deuda acumulada de 6.500 dólares sigue sin ser pagada. Hace siete días, en plena Navidad, recibió lo que esperaba: un aviso de desalojo.
“Ayer fui al tribunal y me dijeron que tengo posibilidades de lograr una moratoria, pero nada es seguro hasta que no tenga el fallo en mis manos”, reconoció.
“Yo puedo ir a vivir a Camilus House o irme debajo de un puente, pero adónde llevo a mis hijos”, preguntó.
La entidad estatal Children & Family cuenta con ayudas y una de ellas es atender a los hijos en un centro de acogida.
“Eso no. Nunca dejaría a mis hijos”, acentuó.
Qué sucedió
El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) pidió el congelamiento por desalojo en septiembre de 2020 para ayudar a detener los efectos del COVID-19, pero la Corte Suprema dictaminó que la agencia no podía continuar extendiendo la prohibición sin la aprobación del Congreso.
Después de que caducara la protección inicial en julio de 2021, el Gobierno de Joe Biden emitió otra moratoria de desalojo, pero la Corte Suprema dictaminó nuevamente que solo el Congreso de la nación tiene autoridad constitucional para hacerlo.
Noticias24Miami