Universidad de Florida (UF) aceptó este viernes que académicos de ese centro testifiquen como expertos en un juicio contra la reforma electoral impulsada por el gobernador Ron DeSantis, considerada nociva para las minorías al entorpecer especialmente la votación por correo.
La negativa de la universidad estatal, que había sido vista como política a favor del republicano, alimentó una polémica especialmente entre los demócratas, y también académicos de la UF y otras universidades, que le urgieron reconsiderar la prohibición.
El congresista demócrata Charlie Crist, quien aspira a reemplazar a DeSantis en 2022, dijo que el gobernador estaba tratando de silenciar a los académicos que no están de acuerdo con él.
DeSantis sin embargo ha negado su participación en la decisión de esta universidad estatal.
Kent Fuchs, presidente de la UF, sin embargo, solicitó este viernes a la Oficina de Conflictos de Intereses de la UF dar marcha atrás a la prohibición.
«He pedido (…) que revoque las decisiones sobre las solicitudes recientes de los empleados de la UF para servir como testigos expertos en un litigio en el que el estado de Florida es parte», indicó en un comunicado.
Subrayó que un nuevo grupo de trabajo hará recomendaciones antes de que termine este mes para responder cuando los empleados soliciten aprobación para actuar como testigos expertos «en litigios en los que su empleador, el estado de Florida, sea parte».
Los críticos y los expertos afectados aludieron a violaciones a los derechos y libertades académicas y señalaron que estos especialistas ya habían testificado en otros casos de derechos de voto, especialmente en casos que involucran minorías.
Los facultativos habían pedido que la UF que se disculpe con los tres profesores que testificarán en el juicio contra las políticas de DeSantis, consideradas de supresión de votantes.
Organizaciones civiles, varias de ellas latinas, presentaron varias demanda para bloquear la aplicación de la ley que cambia las normas del voto por correo en Florida, con el argumento de que viola la Ley de derechos de voto y apunta a reducir el número de votantes de color.
Los demandantes, entre ellos LatinoJustice, UnidosUS, the Hispanic Federation y Poder Latinx, consideran que la ley impone barreras a los electores de color y los deja «de forma desproporcionada» al margen de la democracia.
En la demanda se subraya que el porcentaje de votantes por correo latinos y afroamericanos en 2020 casi duplicó el de las elecciones de 2016.
EFE