El Ministro de Hacienda de Colombia, José Manuel Restrepo, socializó este martes los puntos de acuerdos alcanzados en el Gran Consenso Nacional para elaborar el Proyecto de Inversión Social.
Durante su intervención, el ministro de Hacienda agradeció a los partidos, sectores, empresarios y distintos actores de la sociedad por sus aportes a la discusión.
Según Restrepo, uno de los pilares de este proyecto es la preocupación por los más vulnerables del país.
Dentro de este punto, se contemplan subsidios para impulsar el empleo juvenil, uno de los más grandes problemas que afectan al país y que se agudizó en la pandemia.
El segundo gran pilar es la austeridad en el gasto público, que representa entre el 15 y el 20% del recaudo total de esta iniciativa.
Así mismo se crearán mecanismos contra la lucha de evasión fiscal. De acuerdo con el Gobierno, el 40% de los recursos que se obtengan en esta reforma tributaria vendrían precisamente de la lucha contra la evasión de impuestos y la austeridad en el gasto público.
De acuerdo con el Ministro de Hacienda, el recaudo en esta propuesta sería de $15,2 billones.
El principio de este proyecto, aseguró el ministro de Hacienda, es no afectar a la clase media, razón por la cual no se tocará el IVA, las pensiones y no se aumentará la base gravable.
La iniciativa se radicará el próximo 20 de julio en el Congreso de la República, y además de proteger a los más vulnerables, pretende reactivar la economía y estabilizar las finanzas públicas.
El consenso se dio tras dos meses de trabajo y discusiones con distintos actores de la sociedad como jóvenes, congresistas, beneficiarios de programas sociales, empresarios y autoridades departamentales y municipales, entre otros.
INVERSIÓN SOCIAL
La propuesta plantea, en primera medida, una mayor inversión social a través de la extensión de programas como Ingreso Solidario y Subsidio a la Nómina (PAEF), que irían hasta 2022 y diciembre de 2021, respectivamente.
Según el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo Abondano, la ampliación de Ingreso Solidario permitiría que más de 731.000 colombianos en pobreza extrema, que hoy en día no reciben ningún beneficio del Estado, lo empiecen a hacer por primera vez. Con esto, el programa llegaría a un total de 3,3 millones de hogares.
Por su parte, la extensión del PAEF para el segundo semestre de este año, apoyaría a cerca de 459.000 empleados, a través de un esquema que incentiva la contratación de jóvenes de entre 18 y 28 años y del resto de la población con ingresos de hasta 3 salarios mínimos.
“Focalizaremos el programa en las pequeñas empresas e incluiremos personas naturales con negocios que empleen mínimo a dos personas”, aseguró Restrepo, quien dijo que para este nuevo ciclo se prevé que se postulen 55.000 empleadores que corresponden a 400.000 empleados.
De otro lado, en materia de educación, la propuesta contempla mayores recursos para brindar matrícula cero a 695.000 estudiantes de pregrado de instituciones de educación superior pública en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y continuaremos brindando estímulos y mejores condiciones a los usuarios de crédito educativo de Icetex.
Con estas medidas y los programas sociales vigentes, el Gobierno Nacional llegará a más de 25 millones de colombianos que se verán beneficiados. La inversión total en materia social sería de $8,8 billones en 2021 y $8 billones en 2022.
PLAN DE AUSTERIDAD
La propuesta también contiene un ambicioso plan de austeridad, que generaría ahorros recurrentes de $1,9 billones entre 2022 y 2032, en promedio.
Dicho plan incluye una restricción desde el 2023 de los gastos de personal, sin afectar el poder adquisitivo de los servidores públicos. Adicionalmente, solo se permitirá la adquisición de bienes y servicios esenciales, recortando gastos de telefonía móvil, viáticos, arrendamientos y vehículos.
De igual forma, las transferencias a cargo de la nación se reducirán anualmente, sin afectar las de rango constitucional, como seguridad social, universidades públicas y pago de sentencias, entre otras.
También se contempla el control de los contratos de prestación de servicios y nóminas paralelas.
PROPUESTA ANTIEVASIÓN
El Proyecto de Inversión Social le apuesta, además, a uno de los planes antievasión más ambiciosos que haya tenido el país, con esfuerzos por $2,7 billones.
Es así como otorga facultades para que la Dian emita factura compulsiva o sugerida.
Así mismo, contempla la creación del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), para identificar a los dueños o beneficiarios de las empresas para que cumplan con sus obligaciones.
También plantea un sistema de información georreferenciada, con el objetivo de detectar el valor real de los inmuebles declarados y de otro lado, permite facturar el impuesto de renta con base en información de la factura electrónica e información reportada por terceros, facilitando así el recaudo.
EFE