Juez federal bloqueó temporalmente la entrada en vigor de una nueva ley de Florida que regula a las grandes compañías tecnológicas e impide que las redes sociales puedan «censurar» sin consecuencias a sus usuarios y especialmente a los candidatos electorales.
El juez Robert Hinkle, de un tribunal de distrito de Tallahassee, la capital de Forida, aceptó una petición para frenar temporalmente la ley mientras se tramita una demanda que alega que va en contra de la libertad de expresión consagrada en la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU.
Los demandantes son NetChoice, una firma de cabildeo que representa a Twitter, Facebook y otras empresas del sector, y la Asociación de la Industria de Comunicaciones y Computadoras.
Estaba previsto que la ley entrase en vigor hoy, 1 de julio.
En una declaración enviada al canal Local 10 de Tampa por su despacho, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, republicano y seguidor del expresidente Donald Trump, quien firmó el 24 de mayo la llamada «Ley de transparencia en tecnología» o SB 7072, dijo estar «decepcionado» por la decisión del juez y anunció que apelará.
«Planeamos apelar de inmediato ante el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito (…) El gobernador DeSantis continúa luchando por la libertad de expresión y contra la censura discriminatoria de Big Tech (grandes tecnológicas)», dice la declaración.
Según un comunicado oficial emitido por la Gobernación cuando se aprobó, esa ley establece que «todos los floridanos que sean tratados injustamente por las ‘Big Tech’ tendrán el derecho a demandar judicialmente a las compañías que violen esta ley y a ser compensados monetariamente».
La ley prohíbe expresamente que una red social expulse a un candidato a un cargo electoral del ámbito estatal en Florida y prevé multas de 250.000 dólares por día para los infractores hasta que se restablezca la cuenta.
Si el cargo no es de ámbito estatal la multa se reduce a 25.000 dólares por día.
El argumento es que cualquier ciudadano en Florida puede «bloquear» en las redes al candidato cuyos mensajes no le gusten. «No les corresponde decidir» a las grandes compañías tecnológicas, subraya la norma.
Trump no era candidato sino presidente saliente del país cuando, a comienzos de enero pasado, le cerraron sus cuentas en Twitter, Facebook e Instagram por incitar al odio con sus mensajes.
Lo hicieron después de la toma violenta y vandálica del Capitolio, por parte de partidarios de Trump que antes habían asistido a un mitin en el que el por entonces presidente los exhortó a luchar para revertir el «robo» del que todavía hoy dice haber sido víctima en las elecciones presidenciales de noviembre pasado, en las que ganó el demócrata Joe Biden.
Además de posibles demandas de particulares y multas, las plataformas digitales se enfrentarán también a la posibilidad de ser demandadas por la Fiscal General del estado si infringen la SB 7072, bajo la Ley de Prácticas Comerciales Fraudulentas.
La ley promovida por DeSantis fue aprobada por el Congreso de Florida, donde los republicanos cuentan con mayoría en ambas cámaras.
Al presentar su propuesta en febrero pasado, DeSantis señaló que «cuando se trata de elecciones, las grandes empresas tecnológicas no deberían estar en el negocio de censurar o eliminar las plataformas de los candidatos, sino que los votantes deberían poder tomar esa decisión de forma independiente».
La «Ley Transparencia en Tecnología» fue calificada por diferentes figuras demócratas de Florida como contraria a la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege los derechos a la libertad de expresión.
El 8 de enero, dos días después del asalto al Capitolio por simpatizantes de Trump, Twitter anunció la suspensión permanente de la cuenta @realDonaldTrump, que tenía más de 88 millones seguidores y se había convertido en el gran altavoz público del mandatario.
La compañía, que había bloqueado temporalmente la cuenta, decidió hacer el veto permanente ante el riesgo de «una mayor incitación a la violencia».
Por su parte, el Consejo Asesor de Facebook dio un plazo de 6 meses a la compañía, el 5 de mayo pasado, para reconsiderar el bloqueo indefinido de Trump.
DeSantis, de quien se dice que tiene aspiraciones políticas que van más allá de Florida, ha impulsado en los últimos tiempos una serie de leyes que acentúan el perfil conservador del estado, como la conocida como ley «antidisturbios», ya objeto de varias demandas.
Otra ley firmada por el gobernador republicano es una que restringe las posibilidades de votar por correo y también ha sido llevada a los tribunales por organizaciones que afirman que el objetivo es suprimir el voto de personas de la tercera edad, discapacitadas, hispanos y afroamericanos.
EFE