El estado de Florida anunció que apelará un fallo de una jueza que se negó a detener 2 medidas migratorias «provisionales» del presidente de EE.UU., Joe Biden, encaminadas a detener las deportaciones masivas para dar prioridad a aquellos detenidos que representen una amenaza para la seguridad nacional, como los condenados por delitos graves.
La fiscal general de Florida, Ashley Moody, anunció que presentará la apelación al considerar que las directivas amenazan la seguridad pública y violan las leyes federales migratorias.
En marzo pasado, Moody presentó la demanda judicial a nombre de la administración de Florida, encabezada por el gobernador Ron DeSantis, en contra del Gobierno Biden.
Sin embargo, la jueza federal del Distrito Central de Florida, Charlene Edwards Honeywell, decidió este martes que las medidas no están sujetas a revisión judicial porque son provisionales. «Claramente, las políticas provisionales son un trabajo en progreso», señaló la jueza.
«Las pautas son solo eso, no son estatutos y no tienen rango de ley ya que constituyen una priorización y no una prohibición de ejecución», agregó.
«Aquí, (el Gobierno de) Florida simplemente no está de acuerdo con las decisiones tomadas por la Administración Biden en cuanto a las prioridades», aclaró la jueza.
Entre tanto, la fiscal Moody anunció que presentará la apelación ante la Corte de Apelaciones del Onceavo Circuito, que tiene sede en Atlanta (Georgia), sin detallar los argumentos.
La demanda de Moody, republicana y afín al expresidente Donald Trump (2017-2021), cuestiona que el Gobierno Biden busca suspender «los arrestos y deportaciones de ciertos criminales que están en el país ilegalmente, muchos de ellos violentos o condenados por cargos de tráfico de drogas».
«La política imprudente de la administración Biden de negarse a hacer su trabajo y deportar criminales pone en riesgo todos esos logros (de la Administración Trump) y la seguridad pública de los floridanos», dijo la fiscal general al presentar la demanda en marzo.
Biden, que asumió el pasado 20 de enero, ha revocado muchas de las políticas de inmigración de Trump, padrino político del gobernador DeSantis.
Entre ellas, ordenó en enero una moratoria de 100 días en ciertas deportaciones, aunque un juez federal bloqueó esta medida tras una demanda de las autoridades de Texas.
En respuesta, el 18 de febrero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió un memorando que revisó la directiva de enero y detallaba que se trataba de «prioridades provisionales» encaminadas al cumplimiento de las deportaciones.
Lo anterior incluyó centrarse en inmigrantes que representan una amenaza para la seguridad nacional, que han sido condenados por delitos graves agravados o actividades relacionadas con pandillas o que han sido detenidos en la frontera desde el 1 de noviembre.
La administración de Biden justificó la medida temporal como un esfuerzo por dar prioridad a los delincuentes más peligrosos y violentos con los recursos limitados de las agencias.