La oposición venezolana dijo este miércoles que las autoridades comenzaron el traslado de los «presos políticos» a paraderos desconocidos, una acción que ocurre después de que el Gobierno ordenara que fueran movidos de las sedes militares y de inteligencia en las que estaban detenidos.
«Empezaron los traslados de una de las sedes de las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales, un organismo dependiente de la Policía Nacional acusado de ejecuciones extrajudiciales) sin paradero conocido», dijo la opositora y exdiputada Adriana Pichardo en un mensaje en Twitter.
Pichardo detalló que algunos de los trasladados son los ciudadanos Darío Estrada y Robert Franco, detenidos en diciembre del año pasado, acusados de un supuesto complot que impediría la instalación del nuevo Parlamento, de mayoría chavista, en enero.
También fue trasladado el comisario retirado Rigoberto Moreno por su relación con un camarero del palacio presidencial de Miraflores, Dani José Castillo García, a quien encontraron con explosivos; y otros cuatro más de los que no detalló nombres.
«Es peligroso y violatorio de los sus DDHH se este ejecutando este tipo de medidas», agregó Pichardo.
Según la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de «presos políticos», en el país hay un total de 306 ciudadanos detenidos por causas relacionadas a la política.
La exparlamentaria Delsa Solórzano dijo que los presos políticos serían trasladados a cárceles comunes, luego de que el Gobierno publicara un decreto que ordenaba al Servicio de Inteligencia (Sebin) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) transferir la custodia de detenidos en sus sedes al Ministerio Penitenciario.
El decreto al que hacía referencia Solórzano tiene fecha del pasado día 12 y en él se establece que la Dgcim y el Sebin «deberán transferir al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad, en el plazo de treinta (30) días».
Asimismo, señala que ambos órganos «deberán adecuar su estructura, normas de funcionamiento, manuales y procedimientos», aunque sin especificar.
Ayer también se conoció, a través de un comunicado del fiscal general Tarek Saab para informar que envió un nuevo informe a la Corte Penal Internacional por el examen preliminar que realiza a Venezuela, que tanto el Sebin como la Dgcim están siendo reestructurados.
La opositora Solórzano reiteró que los traslados de los «presos políticos» a cárceles comunes son de «suma gravedad, debido a que las cárceles de Venezuela se cuentan entre las más peligrosas del mundo con 350 asesinados/año».
Agregó que está enviando las comunicaciones correspondientes a entes internacionales como las Naciones Unidas o la Unión Interparlamentaria.