Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, alertó sobre una «alarmante tendencia hacia la concentración de poderes» en El Salvador, después de que el Legislativo nacional destituyera sin el debido proceso a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general.
«Quiero recordar a todas las autoridades estatales la necesidad de cumplir con sus obligaciones de derecho internacional para restaurar el Estado de derecho y la separación de poderes», subrayó la expresidenta chilena en un comunicado.
Las recientes destituciones «socavan gravemente la democracia y el Estado de derecho», al debilitar la separación de poderes, agregó Bachelet.
El 1 de mayo la recién constituida Asamblea Legislativa Salvadoreña destituyó a todos los miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cinco magistrados permanentes y sus suplentes, así como al fiscal general del país, Raúl Melara.
El Legislativo alegó que los magistrados habían actuado de forma inconstitucional al fallar en contra de actos y decisiones tomadas por el ministerio de Sanidad en relación a la pandemia de la covid-19, mientras que el fiscal fue cesado por sus presuntos lazos con un partido de la oposición.
Bachelet señaló al respecto que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por El Salvador, estipula que los jueces solo pueden ser sustituidos «en caso de faltas graves de conducta o de incompetencia, de acuerdo a un procedimiento justo que asegure objetividad e imparcialidad».
El cese es por tanto «una infracción de la ley internacional de derechos humanos y un ataque directo a la independencia judicial, clave para el funcionamiento democrático», afirmó la alta comisionada.
La crisis política en El Salvador también ha motivado reacciones de la Unión Europea, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), que han mostrado su preocupación por la situación del estado de derecho en la nación centroamericana.
También el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este lunes a El Salvador respeto a la Constitución y a la separación de poderes para mantener los avances democráticos que el país alcanzó tras 12 años de guerra civil (1980-1992).
EFE