El gobernador de Florida, Ron DeSantis, fue demandado ante la justicia por una organización civil que considera que la llamada ley «antiprotestas» que firmó este lunes es contraria a la libertad de expresión, un derecho consagrado en la Primera enmienda de la Constitución de EE.UU.
La llamada ley HB-1 amplía las facultades de las fuerzas del orden para efectuar arrestos en las manifestaciones, castiga a los participantes por igual si la protesta se torna violenta y dificulta recortar la financiación a la Policía.
La organización Legacy Entertainment & Arts Foundation presentó este miércoles la demanda contra DeSantis por dicha ley ante un tribunal federal en Orlando (Florida), según documentos judiciales.
Los demandantes dicen que esta norma ataca la libertad de expresión y está escrita con la intención de definir cualquier protesta como un «disturbio» y poder acusar a los participantes de «instigar un disturbio».
La HB-1 fue la respuesta del Congreso floridano, dominado por el Partido Republicano, a las protestas que estallaron en EE.UU. en 2020 contra el racismo y la injusticia racial a partir del asesinato del afroamericano George Floyd por un policía blanco, Derek Chauvin, que esta semana fue declarado culpable.
DeSantis, que dijo en un programa de la cadena Fox que el jurado en el juicio contra Chauvin pudo haber tomado su decisión influido por el miedo a que estallasen disturbios, promovió la ley y este 19 de abril la sancionó después de su paso por el Congreso.
«Es la legislación más fuerte contra los disturbios y a favor de la aplicación de la ley en el país, no hay nada que se le parezca», dijo con orgullo DeSantis, seguidor del expresidente Donald Trump, en Winter Haven, en el centro de Florida.
En la demanda se apunta que esta norma se aprobó para responder a «los crímenes contra las minorías por parte de oficiales de policía» y se mencionan las muertes en esas circunstancias de los afroamericanos George Floyd, Breonna Taylor y Elijah McClain.
Otro de los argumentos esgrimidos contra DeSantis es que la ley responsabiliza «de una manera inconstitucional» a cualquiera que use su derecho a expresarse libremente de lo que pueda suceder en una protesta en la que participe, sin importar si esa persona actuó con violencia o no.
«HB-1 es racista, inconstitucional y anti-democrática, simple y llanamente», dijo Micah Kubic, director ejecutivo del capítulo de Florida de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
EFE