Los países ricos, incluidos varios de la Unión Europea, así como Estados Unidos, Suiza y Japón, financiaron con hasta 93.000 millones de dólares la investigación y desarrollo de las vacunas contra la covid-19 por parte de las farmacéuticas, pero ahora no reciben ninguna ventaja por esta inversión.
Así lo reveló hoy la ONG suiza Public Eye, especializada en vigilar las consecuencias de las estrategias de negocios de las multinacionales en los derechos humanos.
«La repartición desigual de las vacunas no se debe a problemas logísticos, sino a la decisión oportunista que hicieron los países de proteger el modelo de monopolio de sus farmacéuticas», dijo el responsable de Políticas Sanitarias de la organización, Patrick Durisch.
Las desigualdades se reflejan en datos como las dosis administradas por cada cien personas: 112 en el caso de Israel, 36 en Estados Unidos, 12,7 en Italia, 2,8 en Bangladesh, 0,3 en Sudáfrica, ó 0,04 en Kenia, según datos del observatorio Our World in Data.
Según el análisis de Public Eye, esta situación hará que en África, partes de Asia y de Sudamérica la inmunidad de rebaño (o inmunidad colectiva) no se alcance hasta 2023 o incluso 2024.
«Esta es una situación que desenmascara las promesas de solidaridad de los países ricos y de la industria farmacéutica», sostuvo Durisch en la presentación a la prensa de un informe de Public Eye, que expone la estrategia que han seguido las compañías del sector en esta pandemia.
«Acaparar las dosis (en los países ricos) y retardar su uso en los países en desarrollo es un mal cálculo porque mientras no haya una inmunidad global el riesgo de las variantes será omnipresente y estas mismas pueden llegar a los países ricos, y no importa si éstos han vacunado a toda su población, tendrán que empezar de cero», explicó Durisch.
En el caso de los países ricos, ni siquiera los fondos que entregaron sin condiciones a las farmacéuticas para desarrollar las vacunas y aumentar su capacidad de producción les han evitado problemas de aprovisionamiento de vacunas, que quisieron asegurarse a través de contratos que se han mantenido secretos de la opinión pública.
«A Europa el tiro le ha salido por la culata. Los europeos protegieron a sus farmacéuticas y su monopolio confiando en los contratos que había firmado, pero ahora se dan cuenta de que las cosas no son así, que la industria es la que controla la situación», comentó el especialista en un encuentro organizado por la Asociación de Corresponsales ante la ONU en Ginebra (ACANU).
Durisch sostuvo que los países no sólo financiaron a las compañías para que aceleraran sus investigaciones de las vacunas, sino que firmaron con éstas contratos de compra anticipada, por los que pagaron cantidades también secretas con el único objetivo de reservar las vacunas.
Una vez producidas estas, cada país negoció otro contrato de compra en el que se fijaba el precio por dosis.
De acuerdo al informe de Public Eye, que ha recogido datos de múltiples fuentes creíbles, las farmacéuticas han sido libres de fijar los precios que han querido y de forma diferenciada por países.
El precio medio global de la vacuna de Moderna estaría entre 32 y 37 dólares, con el precio más bajo negociado por la Unión Europea y el más alto por Sudáfrica.
Pfizer estaría aplicando precios que van de 19,5 dólares en Estados Unidos a 6,75 para los países de la Unión Africana, pero 10 dólares para Sudáfrica.
Los precios diferenciados también aparecen en la vacuna de AstraZeneca (entre 2,5 y 7 dólares), en la de Janssen (8,5 a 10 dólares) y en la de la alemana CureVac (de 10 a 15 dólares), aunque en este último caso las informaciones son muy parciales y no se han encontrado datos de acuerdos con países en desarrollo.
La organización civil suiza no ha podido recolectar datos confiables sobre el precio de otras vacunas que se están utilizando, como las desarrolladas en China y Rusia.
EFE