La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez y los exministros transitorios de su breve gobierno Álvaro Coímbra, de Justicia, y Rodrigo Guzmán, de Energía, serán enviados a prisión por cuatro meses como medida preventiva, mientras comités cívicos y víctimas de la crisis que vivió el país en 2019 preparan marchas a favor y en contra de esta medida.
La jueza de instrucción en lo penal Regina Santa Cruz determinó la prisión preventiva de la exmandataria transitoria (2019-2020) en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, mientras que los exministros estarán detenidos en la cárcel de San Pedro.
Durante la audiencia, que duró casi diez horas y se desarrolló de forma virtual, se escucharon los alegatos de Áñez, la Fiscalía y la exdiputada del partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty, quien en diciembre de 2020 interpuso una denuncia por «golpe de Estado» ante el Ministerio Público.
«Es recurrente el hecho de que me quieran tildar de golpista. Un Gobierno no puede ser golpista cuando funciona una Asamblea Legislativa«, dijo Áñez al dirigirse a la jueza.
Exigió ser juzgada en un juicio de responsabilidades por su figura como exmandataria y reiteró que no tiene intenciones de salir del país y que seguirá «dando la cara» cuando la Justicia lo requiera.
«En conjunto con la señora Eva Copa (entonces presidenta del Senado) y la Asamblea Legislativa se aprobó y promulgamos una ley de convocatoria a elecciones generales, eso creo que fue un gran logro para todos los bolivianos, producto de ello es que llamamos a elecciones y el señor (Luis) Arce es presidente», afirmó Áñez,
«Nací en Bolivia, vivo en Bolivia y moriré en Bolivia», zanjó desde las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz, donde permanece detenida junto a sus dos exministros.
Áñez, detenida la madrugada del sábado, y sus exministros, aprehendidos el viernes por la tarde, son procesados en el marco del caso «golpe de Estado» y se les acusa de sedición, terrorismo y conspiración durante la crisis de 2019 tras las fallidas elecciones que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia.
La Fiscalía boliviana había solicitado este domingo seis meses de detención preventiva, pero la jueza consideró que era mucho tiempo para la investigación.