El Gobierno mexicano reveló este lunes que investigará a agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) por sospechas de su involucramiento en la masacre del 22 de enero en el noreste del país, donde aparecieron 19 cuerpos calcinados, entre ellos guatemaltecos.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció la indagatoria tras revelarse en la prensa que una camioneta que apareció en la zona del crimen, en el estado de Tamaulipas, antes estaba asegurada por el INM en la vecina entidad de Nuevo León.
«Todo esto está obviamente investigándose, vamos a ver si incluso hay alguna responsabilidad de alguno de los funcionarios o de los servidores públicos del mismísimo Instituto Nacional de Migración, eso es un tema», comentó la secretaria en la rueda de prensa diaria de Palacio Nacional.
La aparición de 19 cuerpos calcinados causa conmoción en México desde el 22 de enero, cuando una llamada anónima alertó a las autoridades de Tamaulipas sobre dos camionetas abandonadas e incendiadas en un camino vecinal del municipio de Camargo, en donde estaban los cuerpos.
La Fiscalía de Tamaulipas confirmó este domingo que dos de los cuerpos son de ciudadanos guatemaltecos y otros dos de mexicanos, aunque las autoridades de Guatemala sospechan que la mayoría de las víctimas son migrantes de las comunidades de Comitancillos y San Marcos.
La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), de la que depende el INM, reconoció que las autoridades ya sabían de la existencia del vehículo que estuvo involucrado en los hechos, pero indagarán por qué los agentes la habían retenido.
«Vamos a investigar estos hechos de cómo o por qué el Instituto Nacional de Migración tenía esta camioneta y si hay o no una responsabilidad de un servidor público», reafirmó.
Los testimonios recolectados por Efe señalan que el viernes 22 de enero ingresó un comando de pistoleros del Cartel del Noreste (CDN) para buscar a un mando del rival Cartel del Golfo (CDG), la organización criminal que controla Tamaulipas.
Tras un enfrentamiento los sicarios del CDN presuntamente buscaron al mando en toda la región y en una casa del poblado Santa Anita localizaron a 19 supuestos ciudadanos guatemaltecos, a quienes asesinaron y después abandonaron en los límites con el estado vecino de Nuevo León.
El crimen ha evocado comparaciones de la ONU con una masacre de 72 migrantes que ocurrió en esa misma región en 2010, algo que el Gobierno de México ha rechazado con el argumento que en esta ocasión «no habrá impunidad».
Sánchez Cordero explicó que están en contacto con las familias de las víctimas a través de la Embajada de Guatemala, además de prometer una «investigación muy sólida».
«Sí se ha avanzado en las investigaciones, que también estamos por parte de la Cancillería en una comunicación permanente con las autoridades guatemaltecas para saber algunas evidencias y conocer algunos de los hechos que se dieron antes” del crimen», indicó.