El Gobierno mexicano ha recrudecido su lucha por el control eléctrico con una iniciativa de reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador que ha causado más choques con el sector privado y una confrontación de los tres poderes tras una decisión en favor de la libre competencia por parte de la Suprema Corte.
«No es monopolio, es rectoría del Estado y en este momento la rectoría del Estado el presidente ha decidido que sea a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)», argumentó este jueves Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).
IMPACTO AL SECTOR
López Obrador impactó al sector al enviar este lunes una iniciativa preferente al Congreso para que en un plazo de 30 días reforme la Ley de la Industria Eléctrica.
La principal modificación implica que el despacho eléctrico priorice a las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE, la empresa del Estado, sobre las centrales privadas de renovables y por último las de ciclo combinado.
«La prioridad es fortalecer a las empresas productivas del Estado, como si eso ‘per se’ generase un bienestar social, y no es así. Para llegar al bienestar no basta con favorecer a una empresa pública», explicó a Efe Susana Ivana Cazorla, socia fundadora de la consultora SICEnrgy.
En la exposición de motivos de su iniciativa, que ya está en comisiones de la Cámara de Diputados, el presidente justificó «fortalecer a la empresa productiva del Estado, CFE, para beneficio del interés nacional».
Pero Cazorla cuestionó este argumento al apuntar que afectará al interés público por limitar las energías renovables y la competencia, lo que contraviene las metas del Acuerdo de París y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
«Quieren seguir operando con lo chatarra y con plantas nuevas que no quieren estar sujetas a competencia. Entonces me parece que aquí los más agraviados seremos los ciudadanos y los consumidores, quienes no estamos representados», manifestó.