La oposición venezolana denunció este viernes que el Gobierno ha violado el acuerdo que firmaron las partes en junio de 2020, por el que preveían que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) gestionara dinero y otras ayudas para la atención de la pandemia del covid-19 en el país.
En el acuerdo, se incluía la compra de pruebas rápidas para el diagnóstico de la enfermedad que causa el nuevo coronavirus, algo que hizo la OPS el 1 de octubre de 2020, cuando adquirió diez equipos y 340.000 cartuchos para la detección del antígeno del SARS-CoV-2, según un comunicado de la oposición.
Además, siempre según la denuncia, el proveedor donó 18 equipos adicionales.
«Según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud estos equipos están destinados a estar en los centros de salud de alta rotación de pacientes con sospecha de covid-19″, asegura la oposición en el comunicado firmado por Miguel Pizarro, quien fue nombrado comisionado ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) por el presidente interino Juan Guaidó.
En principio -prosigue la denuncia- las partes acordaron que los equipos y las pruebas se ubicarían en 27 «hospitales centinelas», aquellos centros en los que se atiende a pacientes con covid-19, en todo el país.
Sin embargo, aseguran que «después de la entrega de los equipos y cartuchos por parte de la OPS al Instituto Nacional de Higiene (INH)«, el Gobierno venezolano tomó «la decisión unilateral de trasladar los equipos a las redes de laboratorios de salud pública regionales y otros centros no autorizados ni preparados para la atención de pacientes» con la enfermedad.
La oposición tuvo conocimiento de esta situación en noviembre y han tratado desde entonces, junto a la OPS, de «que sean devueltos los equipos a las sedes acordadas en un principio, sin obtener respuesta», de acuerdo a la información difundida por los detractores del presidente Nicolás Maduro.
«Consideramos que la decisión unilateral del régimen de ubicar las máquinas para la prueba de antígeno en los laboratorios de salud pública regional, y en otros entes con baja afluencia de casos de covid-19, representa una clara violación del acuerdo», sostienen.
En su opinión, esa decisión implica «un uso ineficiente de estas máquinas, alejando las pruebas del paciente y evitando la descentralización de las pruebas, uno de los objetivos de esta compra».
Además, considera que, al estar los equipos en los laboratorios de salud pública, le otorga al Gobierno «el absoluto control sobre los resultados y la posibilidad de manipulación de la data».
Finalmente, hacen un «llamado a la comunidad internacional, agencias humanitarias, organizaciones multilaterales, organizaciones no gubernamentales y demás actores a sumarse a la denuncia y la procura de que los equipos, pruebas e insumos para la atención del covid-19 en Venezuela sean usadas y se pongan al servicio de los venezolanos».