El presidente mexicano del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, compareció este jueves ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras una denuncia de corrupción de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El magistrado declaró ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción después de que la UIF, que depende del Gobierno, detectara compras de propiedades en zonas de lujo de Ciudad de México, Estado de México y Miami.
“Manifestó su deseo de colaborar con la autoridad para esclarecer los hechos y recalcó estar a la entera disposición del Ministerio Público y en posibilidades de aportar cualquier prueba que acredite el origen estrictamente lícito y legítimo de su patrimonio”, declaró su oficina en un comunicado.
La comparecencia de Vargas ocurre después de una denuncia de la UIF porque le encontró gastos de 36,7 millones de pesos (más de 1,8 millones de dólares) de 2013 a la fecha pese a haber declarado en ese periodo un ingreso de 16,7 millones de pesos (835.000 dólares).
El jurista llegó en 2016 a la Sala Superior del TEPJF nominado por el entonces mandatario, Enrique Peña Nieto (2012-2018), y en noviembre pasado se convirtió en presidente del Tribunal Electoral.
Pese a las denuncias, el magistrado aseguró que “ha manifestado oportunamente” sus declaraciones patrimoniales como funcionario público, en las que es “evidente la congruencia entre sus ingresos y gastos”, según su comunicado.
“Afirmó tener la certeza de que, dentro de los cauces institucionales y conforme a derecho, se demostrará que la denuncia en su contra no tiene fundamento alguno”, indicó el boletín.
Las denuncias de la UIF se filtraron por primera vez a la prensa el mes pasado, cuando se difundió que este órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pretendía bloquear las cuentas del magistrado.
Sin embargo, Vargas justificó que entre 2012 y 2016 él no era funcionario sino abogado postulante.
“Como se ha informado previamente, reiteró que las notas periodísticas que se han difundido, con el afán de dañar su reputación, confunden la evolución patrimonial durante los años en los que no era servidor público”, sostuvo.
Las denuncias surgen cuando inicia el año electoral en el que México tendrá las votaciones más grandes de su historia el 6 de junio de 2021, cuando 94 millones de mexicanos están llamados a elegir a 500 diputados federales, 15 gobernadores, 30 congresos estatales y 1.900 ayuntamientos.
El magistrado indicó que “continuará atendiendo las labores propias de la responsabilidad de cara al proceso electoral”.
“Demostrará su actuar apegado a la ley en todo momento y que su patrimonio familiar es producto del esfuerzo y el mérito profesional de dos personas que han trabajado honestamente durante más de veinte años”, señaló su oficina.
EFE