Delegados del Gobierno de Estados Unidos y del líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido por Washington como presidente interino de Venezuela, respaldaron continuar con las sanciones contra personas vinculadas con el narcotráfico, el lavado de dinero y otros delitos, como parte de la estrategia común contra el régimen de Nicolás Maduro.
En un comunicado conjunto difundido este miércoles, el Departamento de Estado estadounidense y representantes de Guaidó informaron de los acuerdos alcanzados durante una reunión de trabajo con países afines celebrada el pasado 24 de noviembre, aunque no precisaron si se dio de forma virtual debido a la pandemia o si tuvo lugar físicamente.
«Continuar con las sanciones dirigidas a personas clave involucradas en el tráfico de estupefacientes, el lavado de dinero y otras actividades delictivas para limitar su movimiento internacional y sus transacciones financieras», según la nota, fue uno de los puntos respaldados por ambas partes, que advirtieron de una «degradación del Estado de derecho en Venezuela».
Asimismo consideraron que Maduro, a quien tildan de «dictador ilegítimo venezolano y jefe del narcotráfico», representa un peligro para la estabilidad de toda la región, no solo de Venezuela, y apuntaron que «debería rendir cuentas y enfrentarse a la Justicia por sus crímenes».
Además de expresar su compromiso con los principios consagrados en los tratados de drogas de la ONU, los representantes estadounidenses y del líder opositor venezolano acordaron continuar la «cooperación regional para combatir la producción y el tráfico de estupefacientes, la trata de personas en todas sus formas y la delincuencia conexa».
También decidieron reafirmar las obligaciones anticorrupción contraídas en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Las sanciones se han convertido en una de las herramientas más usadas por la Administración del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, para presionar a Maduro, que rompió relaciones con la Casa Blanca el 23 de enero de 2019, después de que el Gobierno estadounidense fuesra el primero en reconocer a Guaidó como mandatario interino de Venezuela.
Trump nominó a James Story como embajador en Caracas, cargo en el que fue confirmado por el Senado el pasado 19 de noviembre, y que el diplomático ejercerá desde Bogotá debido a la ruptura de relaciones entre ambos países.
Las sanciones estadounidenses han alcanzado a funcionarios, exfuncionarios, familiares y allegados al Gobierno de Maduro, así como a compañías en distintos países, la última de ellas la tecnológica Corporación China de Importaciones y Exportaciones Electrónicas (CEIEC, en inglés).
CEIC fue sancionada el lunes por el Departamento del Tesoro, que la señaló por supuestamente apoyar al Gobierno a Maduro para «socavar la democracia».