El Gobierno de Chile rechazó un proyecto presentado por miembros de la oposición que busca indultar a quienes cometieron delitos durante la grave ola de protestas iniciada en octubre de 2019 porque, en su opinión, implicaría «justificar la violencia».
«En una democracia cuando hay un delito es el Ministerio Público el que investiga y sanciona (…) Necesitamos dar una señal en contra la violencia y en contra de la destrucción», dijo en rueda de prensa el vocero oficial, Jaime Bellolio.
En la iniciativa, ingresada por parlamentarios del izquierdista Frente Amplio, se pide además a la Fiscalía que revise la prisión preventiva dictada contra algunos acusados para cambiarla por medidas cautelares menos gravosas y la creación de una comisión integrada por miembros de la sociedad civil, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Gobierno para estudiar cada caso.
«La Ley de Seguridad del Estado y la prisión preventiva usada políticamente como castigo no son valores democráticos», aseguró el diputado de Convergencia Social Diego Ibáñez, uno de los impulsores del proyecto.
Desde octubre del año pasado, la Fiscalía ha formalizado a un total de 5.084 personas por diversos delitos cometidos en las marchas, de los cuales 648 se encuentran en prisión preventiva y 725 ya fueron condenados.
Además, hay más de 4.600 causas abiertas contra las fuerzas de seguridad por supuestas violaciones a los derechos humanos, pero sólo 75 agentes han sido imputados.
Decenas de familiares de detenidos se manifestaron este lunes a las afueras de distintos centros penales en la capital chilena para exigir el cambio de medidas cautelares, celeridad en los procesos judiciales y más visitas.
«¡No estamos todos, faltan los presos!», corearon un grupo de familiares frente a la cárcel Santiago 1.
Chile vive la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que empezó en 2019 como una protesta contra el alza en el precio del billete de metro y se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo y consolidar una sociedad de derechos.
Las revueltas han dejado más de una treintena de muertos, miles de heridos y detenidos, además de episodios de violencia extrema con incendios, saqueo y destrucción de mobiliario público.
En un intento por descomprimir el conflicto, Chile celebró el pasado 25 de octubre un plebiscito en el que la opción por cambiar la Constitución heredada de la dictadura arrasó en las urnas con casi 80 % de aprobación, iniciando un proceso que culminará en 2022 con la ratificación en otra votación de la Carta Magna.
EFE