El Gobierno español ha acogido «con preocupación» la decisión de Nicolás Maduro de mantener las elecciones legislativas de Venezuela para el próximo 6 de diciembre, desoyendo así las recomendaciones de la Unión Europea de retrasarlas unos meses como condición para enviar observadores a los comicios.
«No podemos hacer más que recibir con preocupación el comunicado del Gobierno de Venezuela», afirmaron este viernes fuentes del Ministerio español de Asuntos Exteriores, las cuales reiteran que para celebrar las elecciones con las «garantías necesarias» sería preciso su aplazamiento unos seis meses.
España, según las mismas fuentes, apoya los esfuerzos del alto representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, para «explorar todas las vías de diálogo» en Venezuela.
Como la misión técnica de expertos de la UE enviada a Caracas ha concluido que no hay condiciones que garanticen unas «elecciones libres, justas y democráticas» en diciembre, el Gobierno español entiende que la Unión no puede enviar observadores electorales que pudieran «avalar» el proceso.
En todo caso, agregan las fuentes del Ministerio de Exteriores, España sigue reiterando que es preciso emprender una «negociación creíble» en el país entre todos los actores implicados y atender las «demandas» del pueblo venezolano.
El Gobierno de Nicolás Maduro dejó claro ayer que no admitirá el condicionamiento de la Unión Europea (UE) de retrasar unos meses las elecciones legislativas de diciembre para participar como observadores en estos comicios que Venezuela prevé celebrar pese a múltiples críticas.
El intento de la UE y de una parte de la oposición venezolana por conseguir que se atrasaran unos seis meses las votaciones cayó en saco roto después de que la Cancillería venezolana publicara un comunicado el jueves en el que acusó al bloque comunitario de actuar de forma sesgada.
«Es lamentable que la UE responda con un pliego de condicionamientos con la pretensión de desconocer incluso taxativos mandatos constitucionales», dice el escrito en alusión al mandato constitucional según el cual se debe establecer un nuevo Parlamento el 5 de enero de 2021.