Foro Penal, ONG venezolana, denunció que hay 394 reos que consideran presos políticos en el país, 59 más que el último dato publicado por la organización no gubernamental el pasado 14 de abril.
En el breve balance publicado en sus redes sociales, detallan que 268 de los presos son civiles y 126 militares, de los cuales 364 son hombres y 30 mujeres.
Finalmente, detallan que dos de esos presos son adolescentes y los 392 restantes, adultos.
El pasado 14 de abril, Foro Penal, que lidera la defensa de aquellos que son considerados como presos políticos en Venezuela, denunció que habían aumentado las «detenciones arbitrarias» en el país desde que se estableció el estado de alarma por la COVID-19, el 16 de marzo.
Entonces, aseguraron que se había producido un «aumento de detenciones» entre el 16 de marzo y el 14 de abril y cifró en 39 los arrestos «arbitrarios» en ese lapso, si bien al menos la mitad de esas personas ya habían sido excarceladas.
OPOSICIÓN PRESENTA INFORME SOBRE DDHH
Por su parte, Humberto Prado, nombrado por el opositor Juan Guaidó como comisionado para los Derechos Humanos y la Atención a las Víctimas, presentó también este lunes el informe «Venezuela entre la oscuridad y la esperanza: Informe de DDHH 2019».
Prado subrayó que 2019 se caracterizó por una «marcada agudización del conflicto político y la crisis social» en Venezuela y sostuvo que durante ese periodo los periodistas y el derecho a la libertad de expresión se vieron «fuertemente afectados», según recoge un comunicado del equipo de Guaidó.
Según el informe, en 2019, seis canales internacionales fueron sacados de la programación, 20 emisoras salieron del aire por orden de la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y se registraron más de 28 casos de bloqueos y ataques cibernéticos a portales informativos en plataformas de redes sociales durante la transmisión de discursos o movilizaciones políticas opositoras.
Además, se produjeron al menos 2.219 detenciones arbitrarias relacionas con el ejercicio de la libertad de expresión, de las que fueron víctimas, en la mayoría de los casos, trabajadores públicos y de la prensa, tanto venezolanos como extranjeros.
MÁS DE 1.500 MUERTES POR RESISTENCIA A LA AUTORIDAD
Acerca de la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía, aseguró que, entre enero y mayo de este año, 1.560 personas fueron «asesinadas», bajo el calificativo de «resistencia a la autoridad».
En su opinión, eso muestra un patrón de conducta durante sus operativos.
Además, sostuvo que han incurrido en «todo tipo de crímenes» y añadió que el 95 % de los casos de tortura registrados por el Instituto Casla muestran prácticas de violencia sexual, añade la información.
Sobre los servicios básicos, la comisión que dirige Prado observó que en 2019 se agravó la situación y, al menos, 4,3 millones de venezolanos no tienen acceso a agua potable de calidad.
El 48 % de los consultados por la comisión manifestó haber permanecido al menos tres días seguidos sin energía eléctrica en el año, un 33 % informó que pasan cuatro días sin el servicio y otro 4 % respondió que pasa más de siete días sin electricidad.
VARIOS PUEBLOS INDÍGENAS EN RIESGO
La comisión también aseguró que los pueblos indígenas sufren una «profunda crisis de derechos humanos» por la explotación laboral, sexual y la violencia que sufren los niños y las mujeres que trabajan en el Arco Minero del Orinoco, un vasto terreno repartido entre los selváticos estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, fronterizos con Brasil y Guyana.
Para el equipo que dirige Prado, estas actividades ponen en riesgo la existencia de pueblos como el Pemón, Warao, Wayúu y Añu.
Finalmente y sobre la situación en las cárceles, la comisión señaló que en 2019 se reportó el deceso de 149 presos en centros de detención preventiva y detalló que el hacinamiento se incrementó hasta el 500 % por los detenidos en manifestaciones públicas.
EFE