Álex Saab, empresario colombiano, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, han presentado ante los tribunales de Cabo Verde su oposición legal a la extradición a Estados Unidos, algo que avala el Gobierno caboverdiano, confirmaron hoy a Efe fuentes de la defensa.
El recurso se interpuso a última hora de este jueves ante el Tribunal de Apelación de Barlovento, con sede en la isla de San Vicente (norte del archipiélago), que debe tomar la decisión final pese a que el Ejecutivo ha dado ya su visto bueno a la extradición.
Los abogados de Saab presentaron «un documento de aproximadamente 60 páginas, detallado y legalmente consistente, lo que demuestra la tesis de la defensa sobre la ilegalidad de la detención» del presunto testaferro en este país insular de África occidental, declararon a Efe las citadas fuentes en Praia, capital caboverdiana.
Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla norteña de Sal (el más importante del país), en respuesta a una petición de EEUU cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero.
Tras la detención del empresario, Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un «agente» del Gobierno, que se hallaba «en tránsito» en Cabo Verde para regresar al país.
La defensa argumenta que Saab «tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde».
La impugnación a la autorización de extradición del Gobierno, remitida al citado tribunal la semana pasada, fue preparada por el equipo de defensores de Saab en Cabo Verde con la ayuda del abogado holandés y ex director de asuntos legales de Interpol, Russel Martha, quien se encuentra en Praia, recientemente contratado por Saab.
El empresario colombiano tenía de plazo hasta ayer para pronunciarse sobre la postura del Ejecutivo ante la Justicia del país africano.
Fuentes judiciales caboverdianas, con experiencia en otros casos similares de extradición de ciudadanos extranjeros, indicaron a Efe que los procedimientos ahora iniciados ante el Tribunal de Apelación pueden durar al menos tres meses debido a los numerosos pasos que las partes pueden dar en la defensa de sus respectivos intereses.
Para lograr sus objetivos, el supuesto testaferro ha contratado un amplio consorcio de abogados que incluye a otros reconocidos especialistas internacionales, como el exjuez español Baltasar Garzón.
Pese a mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con «cientos de millones de dólares».
Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
EFE