España tiene pendiente de resolver más de 140.000 solicitudes de asilo de personas que, en muchos casos, llevan esperando dos años, a menudo en situaciones muy precarias que empeoraron como consecuencia de la COVID-19.
En la presentación del Informe Anual 2020 de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) este viernes, su directora, Estrella Galán, alertó de «un aumento notable» de solicitantes de asilo que ante la falta de trabajo y de ingresos para vivir reclaman «reingresar en el sistema de protección».
A lo largo de 2020 se registraron unas 37.000 solicitudes nuevas que se unen a las pendientes de resolver del año anterior hasta un total de 140.000, a 31 de mayo, lo que aumenta el «embudo» en la Oficina de Asilo, denunció la abogada Paloma Favieres.
CEAR explicó que durante el estado de alarma por la pandemia de coronavirus, que durante semanas paralizó la actividad en España excepto para los servicios esenciales, se congelaron los plazos y se garantizó que no habría retornos, pero las tramitaciones quedaron suspendidas «al no ser consideradas esenciales», lo que provocó esa mayor acumulación.
«La pandemia ha sido un factor clave para cronificar la situación de estas personas», destacó Galán.
El informe «Las personas refugiadas en España y Europa», presentado también hoy, víspera del Día del Refugiado, expone que el cierre de las fronteras como consecuencia de la COVID-19 está dejando atrapadas a miles de personas refugiadas en territorios no seguros y los que consiguen pedir asilo en países como España deben esperar años, y con pocas opciones.
España solo concedió algún tipo de protección al 5,2 % de los solicitantes en 2019, en contraste con el 24 % del año anterior y lejos de la media europea, situada en el 31 %.
Sí que aumentaron los permisos por razones humanitarias que concedió a 40.000 solicitantes, la inmensa mayoría personas de nacionalidad venezolana.
La directora de CEAR reclamó al Gobierno español y al resto de estados de la Unión Europea que «no utilicen la pandemia como excusa para no respetar el derecho de asilo de miles de personas bloqueadas en países no seguros, ni para aplicar políticas más restrictivas de control migratorio».
«España siguió poniendo numerosas trabas (…), con la persistencia de las devoluciones en caliente, la exigencia de visado de tránsito a las personas originarias de Siria, Palestina o Yemen, o dificultando los procesos de reagrupación», lamentó la directora de CEAR, quien denunció también «enormes retrasos» burocráticos.
Por otra parte, las llegadas a España de migrantes por mar se redujeron a más de la mitad, aunque se reactivó la ruta de las Islas Canarias (Atlántico), y en ese intento perdieron la vida 1.318 personas en 2019.
Los obstáculos al asilo, que es un derecho de las personas que deben salir de sus países huyendo de guerras o que son perseguidas por motivos de raza, religión u opinión política, entre otros motivos, «aboca a estas personas a tener que recurrir a traficantes y tomar rutas más peligrosas», denunció Galán.
Este sábado, 20 de junio, se conmemora el Día Mundial de Refugiado con un triste récord: los más de 79,5 millones de desplazados que hay en el mundo.
EFE