Organizaciones comunitarias de Florida pidieron al Congreso estatal que investigue el despido de la administradora de la web oficial que suministra los datos sobre la prevalencia del COVID-19 en el estado y también los problemas en el sistema para acceder al subsidio de desempleo.
El reclamo es “para establecer de inmediato dos comités de supervisión bicamerales, bipartidistas e independientes, para responsabilizar a la rama ejecutiva del gobierno de Florida por sus fracasos y hacer lo que es correcto para la salud pública de todos los floridanos”, señalan las organizaciones en un comunicado.
Sobre el polémico despido de la geógrafa Rebekah Jones, creadora y administradora de la página del Departamento de Salud de Florida para informar del impacto del COVID-19, dicen que “tiene el sello distintivo de una ofensiva gubernamental contra la información vital”.
“La posibilidad de censurar a los científicos y limitar el acceso público a los datos en medio de una pandemia global agita el núcleo de nuestras instituciones democráticas”, señalaron Nueva Mayoría de Florida, Dream Defenders, Organice Florida, Florida Central Jobs with Justice y la Coalición de Inmigrantes de Florida.
El diario Miami Herald publicó esta semana una carta escrita por Jones en la que puso en duda que “la accesibilidad y transparencia” con las que dice haber trabajado durante dos meses se mantengan ahora que hay otro equipo administrando la web.
La carta está dirigida a los usuarios de la web, incluidos periodistas que cubren el impacto del COVID-19 en Florida.
La portavoz del gobernador Ron DeSantis, Helen Aguirre Ferré, señaló que Jones fue despedida por “insubordinación”.
“Rebekah Jones siguió un curso repetido de insubordinación durante su tiempo en el departamento, incluidas sus decisiones unilaterales de modificar el tablero de instrumentos COVID-19 sin el aporte o aprobación del equipo epidemiológico o sus supervisores”, dijo Ferré el martes.
Pero la coalición ve improcedente este despido y afirma que “en una democracia, la transparencia es primordial, aún más durante una crisis de salud pública”.
“En un momento en que más de 2.000 floridanos han perdido la vida por este virus y el plan en curso para reabrir prematuramente negocios en Florida está exponiendo a millones más al riesgo de COVID-19, las implicaciones de censurar los datos de salud pública no podrían ser más severas”, dice el comunicado del grupo.
En un llamado al presidente de la Cámara de Representantes de Florida, José Oliva, al presidente del Senado, Bill Galvano, y a todos los miembros del Congreso, piden que se investiguen “los problemas persistentes y prevalentes con el sistema de seguro de desempleo” en el estado.
Según cifras oficiales, los floridanos que aún están esperando por el pago del subsidio de desempleo suman 784.512.
El Departamento de Oportunidades Económicas de Florida (DEO) ha tenido retrasos con el envío de esta ayuda debido, entre otras, a fallas en la web oficial.
El número de casos confirmados de COVID-19 en Florida desde el 1 de marzo creció a 47.741, con los 527 contabilizados en las últimas 24 horas, y el número de personas fallecidas a causa del virus aumentó a 2.096, con 44 nuevos decesos, en medio de la Fase Uno de la reapertura económica de este estado.
EFE