México envió una nota diplomática a Estados Unidos para que «le proporcione toda la información» de «Rápido y Furioso», un operativo de 2009 que consistió en introducir armas a México para rastrear a narcotraficantes, informó el canciller Marcelo Ebrard.
«Hay dudas fundadas respecto a lo ocurrido. Si en efecto, como apunta la evidencia descrita, el Gobierno de México conoció y autorizó el operativo, entonces estaríamos ante graves violaciones a la Constitución», leyó Ebrard en un video difundido en redes sociales.
La operación «Rápido y Furioso», realizada de 2009 a 2011 por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) «involucró el trasiego de más de 2.000 armas de alto calibre», recordó Ebrard.
El propósito era rastrearlas para obtener inteligencia sobre la compraventa ilegal de armas en México, manifestó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
«No obstante, estas armas han sido empleadas para cometer diversos delitos, tanto en México como en Estados Unidos, e inclusive en terceros países, dando como resultado la lamentable pérdida de vidas mexicanas y estadounidenses sin que hasta la fecha se haya cumplido el objetivo», expresó.
El impacto del operativo ha ganado notoriedad bajo el actual Gobierno mexicano por las críticas al tráfico de armas de origen estadounidense, con las que se cometen el 70 % de los delitos en México, según la SRE.
De Estados Unidos ingresan 200.000 armas de fuego de manera ilegal cada año, de acuerdo con la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
Pero «Rápido y Furioso» también atrae la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador por el presunto rol que jugó uno de sus predecesores, el exmandatario Felipe Calderón (2006-2012).
Cuando inició la operación, el procurador de la república era Eduardo Medina Mora, quien renunció el año pasado a su puesto de ministro de la Suprema Corte de Justicia por presuntas investigaciones en su contra.
Además, el secretario de Seguridad Pública era Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos desde diciembre pasado por estar acusado de aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa.
«Es grave, tanto por la pérdida de vidas humanas como por la violación flagrante a nuestra soberanía, que es lo que tenemos que también pensar hacia adelante», aseveró López Obrador por la mañana.
En la nota diplomática, Ebrard recordó que Eric Holder, fiscal general durante la presidencia de Barack Obama, aseveró en un reporte del Departamento de Justicia que las autoridades mexicanas sabían del operativo.
El canciller mexicano explicó que, desde el año pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la ATF la documentación de las declaraciones de los procesados por el operativo, así como la relación de las armas de fuego, que aún no se localizan.
«El tráfico ilícito de armas ha seguido creciendo en los últimos años. A la fecha, la comunicación y planeación del operativo entre entre las autoridades estadounidenses y mexicanas no ha sido suficientemente aclarada», manifestó el titular de la SRE.
EFE