Ciudadanos venezolanos relataron este miércoles en Bogotá a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las violaciones de DD.HH. de las que fueron víctimas en su país y por las cuales tuvieron que huir a otras naciones, principalmente a Colombia.
La misión, encabezada por la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, llegó a Bogotá un día después de que la aerolínea Copa no les permitiera embarcar en Panamá con destino a Caracas para lo que sería su primera visita en 17 años a Venezuela, y mañana se trasladará a Cúcuta, principal paso fronterizo de Colombia con ese país.
En Bogotá, la comitiva, integrada además de Arosemena por el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, y el comisionado Francisco Eguiguren Praeli, se reunió con víctimas, periodistas y organizaciones sociales, así como con exdiputados, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y miembros de la Fiscalía venezolana en el exilio.
Entre las denuncias que recibieron a puerta cerrada está la de que 129 diputados fueron objeto de torturas, amenazas, arrestos arbitrarios e incumplimiento de las garantías procesales durante investigaciones, entre otras, según la CIDH.
MUERTE DEL CAPITÁN ACOSTA
Otro testimonio escuchado fue el de Waleska Pérez, viuda del capitán de la Armada venezolana Rafael Acosta Arévalo, quien fue detenido por la contrainteligencia militar venezolana el 21 de junio de 2019 y murió en la cárcel días después.
Pérez, beneficiaria de medidas cautelares de protección del CIDH, denunció ante la misión la «desaparición, tortura y asesinato» de su esposo, cuya muerte fue confirmada el pasado 29 de junio por el gobernante Nicolás Maduro y provocó la condena de distintos países.
El Gobierno de Maduro había denunciado tres días antes el desmonte de un plan de golpe de Estado en su contra, supuestamente planificado durante 14 meses, y acusó al presidente colombiano, Iván Duque, de ser promotor de estas acciones.
El 27 de junio el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, anunció la apertura de una investigación del Ministerio Público contra 14 civiles y militares, entre ellos Acosta Arévalo, por su presunta vinculación con ese plan.
CENSURA A LA PRENSA
Los delegados de la CIDH también hablaron con dos periodistas del portal Armando.info que denunciaron las amenazas y censura de las que han sido objeto tras realizar una investigación sobre una red de lavado de activos que obtuvo millonarios recursos por la exportación ficticia de alimentos a Venezuela.
Los reporteros, que están exiliados en Colombia como decenas de colegas suyos, también advirtieron que son víctimas de hostigamiento judicial.
OTROS RECLAMOS
La misión también escuchó al abogado de la familia del concejal Fernando Albán, quien murió cuando estaba bajo custodia del Gobierno y que según la versión oficial se suicidó.
El letrado denunció «serias irregularidades» en el proceso de investigación de este caso.
Albán murió el 8 de octubre del año pasado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde se encontraba detenido tras haber sido acusado de participar en un fallido ataque con drones contra Maduro.
En las audiencias estuvieron además organizaciones sociales que manifestaron su preocupación por la crisis migratoria, la situación de las mujeres embarazadas y el riesgo al que se enfrentan los venezolanos de ser víctimas de trata de personas.
La CIDH había sido invitada al Venezuela por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país caribeño por más de 50 países, pero el régimen de Maduro aclaró la semana pasada que «en ningún momento» había autorizado una visita de la Comisión, que tiene sede en Washington.
EFE