Las instituciones del Estado venezolano están perdiendo el poder que, cada vez más, queda en manos de grupos armados irregulares, varios de ellos de origen colombiano, según un informe de Crisis Group sobre América Latina publicado este miércoles.
«A medida que la crisis política venezolana se profundiza sin un final a la vista, el poder se les escapa a las instituciones estatales formales y cae en manos de diversos grupos armados irregulares. Detrás de este fenómeno hay diversas causas. La lucha incesante entre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y las fuerzas de oposición», recoge el estudio.
El informe, denominado «Armas por doquier: Cómo frenar la amenaza de grupos violentos a Venezuela«, agrega que «la devastación económica provocada por la mala gestión del Gobierno, ahora agravada por las sanciones impuestas por EE. UU., ha llevado a numerosos venezolanos a ocuparse con actividades ilícitas, a veces relacionadas con el crimen organizado».
Además, destaca que «la vulnerabilidad de las largas fronteras ha permitido que las guerrillas colombianas se establezcan en el interior del país».
El informe detalla que los grupos armados que hay en el país «están lejos de ser idénticos, pero todos están listos para usar la violencia y el control territorial con el fin de promover sus objetivos, y cualquiera de ellos podría sabotear un posible acuerdo entre las fuerzas políticas venezolanas».
Son dos grupos armados -la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos disidentes de las FARC- los que no se unieron al proceso de paz y tiene un carácter esencialmente de bandas criminales.
Por otra parte, están los colectivos, «asociaciones civiles que en algunos casos funcionan como grupos parapoliciales y que han ganado importancia a medida que el conflicto político venezolano se ha intensificado».
De otro lado están los grupos herederos del paramilitarismo colombiano de derecha, desmovilizado en su mayoría en 2006, y cuyas actividades en Venezuela «incluyen delitos como amenazas, extorsión y secuestros de campesinos y terratenientes, así como intimidación a partidarios y líderes chavistas».