Decenas de miles de migrantes esperan desde hace meses en la peligrosa frontera entre México y Estados Unidos que el segundo país evalúe su solicitud de asilo cuando se cumple un año del programa «Remain in México» (Permanecer en México).
El 25 de enero de 2019 entró en vigor el programa «Remain in México», que permite al Gobierno estadounidense regresar a ciertos solicitantes de asilo a México, con la connivencia de este país que alegó «razones humanitarias» para aceptar la propuesta, que agudiza la tensión en su frontera norte.
La medida se ha ido ampliando a lo largo del año y actualmente son ocho ciudades mexicanas las que reciben a migrantes. Muchas de ellas, con altos índices de violencia: Tijuana, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Matamoros, y más recientemente se ha registrado algún caso en Nogales y Reynosa.
«Para serle honesto aquí tampoco me siento seguro, el día que llegué aquí me atrapó una banda, me tuvieron dos días encerrado en un cuarto y mi familia tuvo que pagar dinero» para liberarme, comentó a Efe el migrante cubano Héctor Henry Fune refugiado en un albergue de la fronteriza Reynosa, en el nororiental estado de Tamaulipas.
Para la hondureña Carmen Vargas, que permanece varada en Matamoros (Tamaulipas) y vive en el puente fronterizo que conecta ambas naciones, la situación es insostenible: «Según ellos (EE.UU.) nos mandan para un albergue, nos mandan que vamos a estar bien pero solo nos vinieron a botar (dejar) ahí, sin un peso, sin nada de ropa y a ver cómo nos arreglamos».
Mientras prosigue esta política, en ciudades como Matamoros o Ciudad Juárez, que en estas fechas puede registrar temperaturas cercanas a los 0 grados, viven en condiciones precarias e incluso en la intemperie.
Tal y como han denunciado ONG como Save the Children o Médicos Sin Fronteras. Esta última organización publicó un informe en septiembre pasado que alertaba que el 45 % de los migrantes que atendió en Reynosa y Matamoros habían padecido algún tipo de violencia durante su ruta.