Migrantes centroamericanos que desean cumplir con el proceso legal de solicitud de asilo piden al Gobierno mexicano agilizar el proceso, pues se han demorado hasta cinco meses en el trámite mientras permanecen varados en Chiapas, en el sureste del país.
Aunque el Gobierno federal ha prometido una migración «segura, ordenada y regular», centroamericanos en albergues y plazas públicas de Tapachula contaron a Efe la dificultad que afrontan al hacer su petición en la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) y en la Estación Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración (INM).
Es el caso del hondureño Johnny Rolando Seoane, a quien le negaron la visa por razones humanitarias hace un mes, cuando llegó a México, y ahora no ha tenido la entrevista necesaria para su trámite de asilo, lo que lo obliga a depender del albergue Belén, uno de los dos refugios para migrantes en Tapachula.
«Tengo que irme caminando hasta la Siglo XXI, a veces no he tenido ni para comer, y me regreso caminando para el albergue porque no hay forma de trabajar aquí en Tapachula y aparte que aquí también hay mucha discriminación a las personas de la comunidad LGBT y por eso no he conseguido trabajo», narra en entrevista.
La Comar reportó 70.302 personas que solicitaron asilo en 2019, lo que representa un aumento del 137,26 % con respecto a los 29.630 solicitantes de 2018.
El país que encabezó la lista en ambos años es Honduras, con 30.045 peticionarios en 2019, un incremento de 119 % en relación a los 13.678 del año anterior.
Aunque la Comar no desglosa los datos por completo, reporta 10.835 casos resueltos de un conjunto de 52.683 de Honduras, Venezuela, El Salvador, Cuba y Guatemala, de los que uno de cada cuatro se rechazan.
«Yo le pido a las autoridades de Comar que por favor traten de agilizar porque nosotros no venimos mintiendo, venimos de una situación en Honduras que es demasiadamente peligrosa. No hay trabajo y a las personas como nosotros, de la comunidad LGBT, nos discriminan demasiado», comenta Seoane.
LA CARAVANA MIGRANTE
Entre 500 y 1.000 migrantes de la primera caravana de 2020, que sumó hasta 5.000 personas, cruzaron corriendo este lunes el río Suchiate, que divide a Guatemala de México, donde miembros de la Guardia Nacional mexicana golpearon, rociaron gas lacrimógeno y detuvieron a los centroamericanos.
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que detuvieron a 402 personas, otras 40 volvieron por su cuenta a Guatemala y otras 58 se internaron por la selva, además de un total acumulado de otros 679 hondureños deportados vía aérea por Villahermosa, Tabasco, y vía terrestre por Tapachula, Chiapas.
Este jueves, más de un millar de centroamericanos cruzaron de nuevo el río irregularmente, esta vez con éxito, y se encuentran avanzando a pie rumbo a Tapachula, con escasa presencia de la Guardia Nacional.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha defendido el actuar de las autoridades al señalar que México da asilo a quien ingrese de forma ordenada y decida quedarse en el país en lugar de usarlo como tránsito hacia Estados Unidos.
Sin embargo, esto es justo lo que ha hecho Alma González, quien llegó de Nicaragua en agosto y apenas tuvo su entrevista en diciembre, sin que le aclararan la razón de la tardanza, por lo que mientras espera en el albergue Jesús El Buen Pastor, denuncia.
«Está todo eso de que se están yendo en las caravanas sin sus papeles, van arriesgando su vida, sus hijos, incluso salieron un montón y dicen que fracasó esa caravana. Yo en mi pensamiento yo mejor espero mis papeles y mi objetivo es llegar a Monterrey (norte de México) o quedarme aquí, sin problemas», cuenta González.
VIDAS EN PELIGRO
Otras migrantes que solicitan refugio también sueñan con llegar a alguna de las ciudades más grandes del país, principalmente a Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
En lo que coinciden es en que, de no obtener el refugio, la deportación pondría sus vidas en peligro.
«Vengo bajo amenaza de muerte de unos pandilleros en Honduras, de la Mara 18, amenazaron a mi familia por el simple hecho de no poder seguir pagando impuesto de guerra, entonces no hay seguridad, ni por parte de las autoridades», detalla Sandra Nelson Canales, quien llegó hace tres meses y medio al albergue «Belén».
Desde el parque central de Tapachula, la hondureña Dylse Elizabeth Miranda expresa que venir en la caravana es «muy arriesgado», como han expresado las propias autoridades de México, por lo que ella ha venido por su cuenta con la esperanza del refugio.
«Se me murió un esposo. Acá pues vengo por amenazas de cosas porque pasan cosas malas, suceden en nuestro país. Y aquí estoy con mis niños. Pienso estarme aquí un rato arreglando papeles mexicanos y después seguir adelante», señala.
EFE