Un juez de la Ciudad de México ha puesto en entredicho la libertad de expresión en este país al ratificar la condena contra un periodista a pagar 10 millones de pesos (unos 535.000 dólares) a un exgobernador estatal tachado de corrupto, quien lo acusó de “daño moral”.
“Lo que vemos es el uso pernicioso del aparato Estado mexicano, del sistema judicial, para acallar periodistas”, explicó este miércoles, Ana Cristina Ruelas, directora de la organización Artículo 19.
El 20 de enero de 2016 el académico y periodista Sergio Aguayo publicó una artículo de opinión en el periódico Reforma y replicada en otros diarios del país donde hablaba de la actuación el exgobernador de Coahuila (2005-2011), Humberto Moreira.
“Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”, escribió Aguayo cuando Moreira estaba encarcelado en España.
Moreira, expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante 2011 estaba en la cárcel acusado de malversación de recursos y blanqueo durante su mandato y cinco meses después, en junio de 2016, demandó a Aguayo por aquel artículo de opinión.
Finalmente, Moreira fue exonerado.
Según Moreira, Aguayo escribió ese texto para “ofender, insultar, calumniar y propinar injurias”, lo que atentaba contra sus “sentimientos, afectos, creencias, decoro y reputación”.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), asumió la atracción del amparo directo promovido por Aguayo Quezada, contra la sentencia de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México al considerar que la condena a la reparación del daño moral a Moreira viola la libertad de expresión.
La decisión de la Primera Sala es el primer paso para que el asunto sea resulto por la SCJN, mediante un proyecto que exponga las razones que motivarían esta solución y decidir si el asunto lo toma la Corte o regresa al tribunal colegiado.