El Gobierno mexicano ha conformado un grupo interinstitucional para realizar operativos y combatir la subcontratación «abusiva», conocida como «outsourcing», informó este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Tan solo en diciembre, 14.000 empresas despidieron personal y 60.000 trabajadores se quedaron sin su puesto, alcanzando un total de más de 380.000 despidos en el año, presuntamente bajo este esquema, indicó el mandatario en su rueda de prensa matutina.
«Algo increíble. Y esto tiene que ver con todas las prácticas que vienen de tiempo atrás para no reconocer los derechos de los trabajadores, no pagar prestaciones, no pagar impuestos. Y queremos informar sobre este tema porque ya se reformó la ley y ya es delito grave lo de la falsa facturación y lo de la defraudación«, dijo.
En el país, más de 5 millones de trabajadores se encuentran en el esquema de «outsourcing«, precisó Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Existen 6.000 empresas que se dedican a la «subcontratación abusiva», según la funcionaria, lo que representa una evasión fiscal de 21.000 millones de pesos anuales (1.118 millones de dólares).
Los trabajadores que trabajan en esta modalidad representaron 17 % del empleo total en 2014, mientras que en 2004 la proporción era apenas del 9 %, expresó la secretaria.
«¿En qué afecta este tipo de prácticas de subcontratación abusiva? De entrada precariza el mercado laboral. Tiene un costo en la mano de obra, afectando a los trabajadores«, apuntó.
Alcalde también informó que el presidente enviará una terna al Senado para conformar el nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Este centro es uno de los puntos centrales de la nueva reforma laboral, que el Congreso mexicano aprobó el año pasado para satisfacer una de las condiciones para ratificar el nuevo Tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El grupo de trabajo contra la subcontratación ilegal también detectó, de septiembre a diciembre del año pasado, cerca de 1.200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal con cerca de 862.489 trabajadores afectados, comentó Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
«También hay una afectación importante, ya desde hace muchos años de esta subcontratación ilegal, a los ingresos públicos, y en particular al seguro social«, aseguró Robledo, quien calificó de «histórico» este impacto.
INVESTIGAN EL «OUTSOURCING»
Por otro lado, se han recibido 51 denuncias de empresas fachada, facturación de operaciones simuladas y de «outsourcing» ilegal, reveló Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que ha investigado a 1.854 empresas desde la integración del grupo.
En tanto, el procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Romero Aranda, exhortó a las empresas a regularizarse, al citar que el año pasado varios patrones se acercaron a la dependencia para corregir sus errores y resarcir al fisco casi 2.000 millones de pesos (106,5 millones de dólares).
De lo contrario, el procurador recordó que las reformas aprobadas el año pasado -que equiparan varios crímenes de defraudación fiscal con delincuencia organizada- contemplan hasta 14 años de cárcel para quien contrate estos servicios de facturación falsa y «outsourcing» ilegal, y hasta 20 para quienes lo presten.
Con los resultados de este trabajo, los funcionarios esperan enriquecer las iniciativas de reforma presentadas el año pasado en el Senado para endurecer el combate contra el «outsourcing» ilegal, algo que ha despertado críticas del sector empresarial mexicano, pero aplausos de los sindicatos en toda la región de Norteamérica.
EFE