Decenas de personas que se manifestaban en Bogotá contra el «fracking» protagonizaron un encontronazo con la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, cuando participaba en una reunión sobre medioambiente en la que el Gobierno defendió su postura frente a este tema.
Según los manifestantes, el encuentro fue el escenario en el que el Gobierno planteó su proyecto de decreto que hizo público el pasado 27 de diciembre para la exploración y explotación petrolera por medio de la fracturación hidráulica, más conocida como «fracking».
La mesa de diálogo hace parte de la «gran conversación nacional» que convocó el Ejecutivo a raíz de las manifestaciones masivas que hubo en el país a finales del año pasado contra la política económica y social del presidente Iván Duque.
TENSIÓN CON LOS MANIFESTANTES
Algunos de los activistas, que protestaban desde el mediodía frente a la Universidad EAN, en el norte de la ciudad, encararon a la vicepresidenta cuando llegó al lugar, quien los invitó al diálogo.
Ramírez entró en el edificio, pero después de unos minutos volvió a bajar junto al ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Diego Molano.
Los tres alzaron una pancarta que rezaba «Aquí tu cacerola tiene voz. ¡Conversemos!» y que elevaron por encima de sus cabezas delante de los manifestantes, mientras les invitaban a subir y dialogar con ellos en la mesa sectorial.
Una mujer se acercó a la vicepresidenta y le gritó que el decreto sobre el «fracking» iba a «contaminar el agua» y que la ley iba más allá de los Proyectos Pilotos de Investigación Integral (PPII) que recoge la iniciativa.
Estos PPII son planes pilotos para estudiar proyectos en yacimientos no convencionales de hidrocarburos con la utilización de la técnica de «fracking».
«Quiero reiterarles a ustedes que este es un Gobierno que está trabajando por conciliar el presente con el futuro. Aquí estamos invitando a los jóvenes a conversar, estamos mirando cómo lograr que este desarrollo económico tenga garantías de sostenibilidad», aseguró Ramírez.
LAS PETICIONES DE LOS MANIFESTANTES
El portavoz de la Alianza Colombia Libre de Fracking, Carlos Santiago, dijo a Efe que el Gobierno tiene una «forma antidemocrática» de conversar, pues «después de mantener dos mesas de diálogo con ellos» presentaron un decreto que «no recoge las condiciones» que ellos proponían.
Santiago explicó que este jueves era el último día en que el Gobierno podía recibir comentarios de la ciudadanía sobre el decreto, que «publicará, si todo sigue en marcha, el 20 de enero».
También advirtió que el decreto no recoge «la participación de las universidades en el comité de evaluación de los proyectos pilotos», sino que «quienes tomarán la decisión de la viabilidad del ‘fracking’ serán tres ministros y tres delegados elegidos por el presidente».
El Consejo de Estado de Colombia, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, mantuvo en septiembre pasado la suspensión provisional de esta técnica de explotación de los recursos.
LA RESPUESTA DEL GOBIERNO
Por otra parte, Molano reiteró a Efe que el «‘fracking’ está prohibido por el Consejo de Estado» y apuntó que con el espacio de «conversación nacional» celebrado hoy buscaron «que los ciudadanos conozcan cuál es la política de transición energética» del Gobierno.
También respondió a las críticas de los manifestantes y los invitó a participar en el diálogo sobre el decreto: «el documento es público y está para comentarlo, se publicó para recibir comentarios» y recordó que aún no ha sido aprobado.
El director del DAPRE también explicó que los llamados «proyectos pilotos de investigación» recibirán todas las «inspecciones necesarias» medioambientales y científicas para que después «se pueda tomar una decisión informada».
EFE