La Corte Suprema de Florida dio marcha atrás en una decisión que tomó en 2016 por la cual para imponer una condena a muerte era necesario el voto a favor de todos los integrantes del jurado, algo que fue visto en su día como un avance por organizaciones contrarias a la pena capital.
En un fallo sobre el caso de un hombre que se libró de una sentencia a la pena de muerte dictada en 2011 porque el jurado no votó de manera unánime, la Corta indicó que la decisión de 2016 fue «errónea», según los documentos judiciales publicados este viernes.
El jurado del juicio de Mark Anthony Poole, declarado culpable de un asesinato en primer grado y de otros delitos que son considerados agravantes, como asalto o robo a mano armada, recomendó su condena a la pena capital con el voto a favor de once de doce integrantes.
Cuatro de los cinco jueces de la Corte Suprema de Florida votaron a favor del fallo que revierte la decisión de 2016, cuando en el tribunal no había una mayoría de jueces conservadores como ocurre actualmente.
El disidente, el juez Jorge Labarga, nombrado en 2009 por el entonces gobernador, el demócrata Charlie Christ, dijo que votó en contra de una decisión que es «un paso de gigante hacia atrás y acaba con una importante salvaguarda para una aplicación justa de la pena de muerte en Florida».
Cuando en 2016 el alto tribunal de Florida impuso la exigencia de un voto unánime del jurado lo hizo porque la Corte Suprema de los Estados Unidos había declarado inconstitucional el sistema de imposición de la pena de muerte en este estado.
El anterior gobernador de Florida, Rick Scott, peleó contra la exigencia del voto unánime del jurado con una ley que establecía que era necesario el voto de al menos 10 jurados para imponer la pena de muerte, pero la Corte Suprema de los Estados Unidos falló en 2017 en contra de esa norma y consideró que su homóloga de Florida hizo lo correcto al exigir los votos de los 12 jurados.
Ahora es la Corte Suprema de Florida la que se vuelve para atrás.
Cuando asumió el cargo el 8 de enero de 2019, el actual gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, prometió acabar con el «activismo» de los jueces que «legislan».
DeSantis aseguró ese día a los floridanos que «el activismo judicial acaba aquí y ahora» y que solo iba a nombrar jueces que comprendieran que la función de las cortes es «aplicar la ley y la Constitución como están escritas, no legislar desde el estrado».
«La Constitución, no la judicatura, es Suprema», señaló DeSantis, graduado en derecho por Harvard y Yale, quien desde entonces ha tenido que cubrir tres vacantes de jueces supremos que se retiraron por edad.
En las cárceles de Florida hay 354 condenados a muerte y el estado ha ejecutado a 99 personas desde 1976 cuando se restableció la pena de muerte en EE.UU., según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC).
En 2019, según datos hasta el 17 de diciembre, 22 personas fueron ejecutadas y 33 fueron condenadas a la pena capital en Estados Unidos, cifras inferiores a las de 2018.
Se trata del quinto año consecutivo en el que las ejecuciones no sobrepasan la treintena y las condenas la cincuentena.
EFE