Supremo de Justicia de Venezuela, ligado al régimen de Maduro, consideró este jueves procedente solicitar a España la extradición del ciudadano Miguel Donato Lo Ponte Moreno para que sea juzgado en su país por un delito de estafa.
Así se desprende de una sentencia del TSJ en la que se precisa que, luego de analizar la documentación que consta en el expediente, se evidenció que en caso además de los requisitos de procedencia, «también se cumplen a cabalidad los principios generales que rigen la materia de extradición en Venezuela», según recoge un comunicado del alto tribunal.
La decisión la tomó el TSJ a través de la sala de Casación Penal, con ponencia del presidente del tribunal, el magistrado Maikel Moreno, agregó la información.
Presuntamente, Lo Ponte estafó a dos personas al ofrecer en venta un apartamento en Caracas situado en una urbanización del este de Caracas.
Según la versión facilitada por el TSJ, Lo Ponte dijo actuar como apoderado de su tía y supuestamente recibió un dinero por adelantado de los compradores.
Sin embargo, los compradores, al observar que «presentaba excusas a la hora de protocolizar el documento de compra-venta investigaron y constataron que la tía del sujeto había fallecido años atrás y que además el apartamento era propiedad de otra persona, quien lo recibió como herencia».
El tribunal subrayó que con esta decisión «se asume el firme compromiso ante el Reino de España, que el ciudadano requerido será juzgado únicamente por su presunta participación en la comisión del delito mencionado, con las debidas garantías consagradas en la Constitución» de Venezuela.
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, de clara mayoría opositora, no reconoce los dictámenes del Supremo al alegar que está integrado por magistrados abiertamente oficialistas, algunos de los cuales fueron designados en un procedimiento exprés días antes de que la oposición tomará el control de la cámara.
Por otra parte, España reconoce como mandatario interino de Venezuela al presidente de la AN, Juan Guaidó, así como casi 60 países más.
EFE