La «discriminación estructural» en Chile, en relación a derechos básicos como la salud, la educación o las pensiones, es la causa de las protestas que tienen lugar en el país desde hace un mes, según el Informe Anual de Derechos Humanos que presentó este lunes la Universidad Diego Portales (UDP).
Así lo expresó la directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP, Lidia Casas, quien dijo que «el Estado renunció a satisfacer las necesidades de las personas» al no blindar los derechos básicos en la actual Constitución, redactada en 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y considerada el origen de las grandes desigualdades del país.
«El estallido social ofrece una oportunidad para la democracia para reducir las brechas de desigualdad y mejorar las condiciones de todas las personas», aseguró Casas.
El Informe Anual de Derechos Humanos, que recoge los hechos ocurridos entre el segundo semestre de 2018 y agosto de 2019, abarca materias directamente relacionadas con las demandas planteadas en las protestas, que este lunes cumplen un mes y que ya se han cobrado la vida de al menos 23 personas -cinco presuntamente a manos de agentes del Estado- y han provocado miles de heridos.
En este sentido, la veintena de expertos que han participado en la redacción del dossier encontraron una fuerte desigualdad en ejes como la salud, la educación, las pensiones o los derechos de los colectivos LGTBI, migrantes o pueblos indígenas, ligada también al estatus socioeconómico de las personas.