Familiares e integrantes del Parlamento venezolano exigieron justicia este lunes al cumplirse un año de la muerte del concejal Fernando Albán, quien, consideran, fue «asesinado» mientras estaba bajo custodia del régimen, en contra de la versión de «suicidio» de la Fiscalía.
Según nota de prensa de Primero Justicia (PJ), partido en el que militaba Albán, la hermana del político fallecido, Mariela Albán, afirmó que hasta el momento no se ha permitido la exhumación del cuerpo del concejal para realizar una nueva autopsia y «tampoco nos dejan ver el expediente ni revisar cómo va el caso».
«Estoy segura que mi hermano no se suicidó, a mi hermano lo mataron», afirmó Mariela Albán, al tiempo que denunció que el abogado que representaba a la familia «tuvo que irse del país debido a las amenazas y el acoso», una situación similar a la ocurrida con la esposa e hijos del fallecido, quienes «están también en el exterior«.
Albán murió el 8 de octubre del año pasado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde se encontraba detenido tras haber sido acusado de participar en un fallido ataque con drones contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que ocurrió en agosto de 2018.
La Fiscalía venezolana aseguró que Albán «se suicidó» al tirarse desde un décimo piso del Sebin, pero desde entonces su familia y líderes de la oposición sostienen que fue arrestado y asesinado por las autoridades.