Exilio venezolano, representado en buena parte por la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), calificó este jueves de «ilegítima» y «vergonzosa» la elección de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que dejará en «estado de indefensión a los ciudadanos que sufren los atropellos de dictaduras».
«Es una absoluta vergüenza que un régimen como el que impera en Venezuela, comandado por un dictador como Nicolás Maduro, obtenga un asiento en el Consejo de Derechos Humanos», se lamentó en un comunicado José Antonio Colina, presidente de Veppex.
Venezuela logró este jueves un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU al imponerse a Costa Rica por 105 votos contra 96 en las elecciones celebradas en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Brasil, con 153 votos, se llevó la otra plaza disponible para los países de Latinoamérica y el Caribe.
Países latinoamericanos habían impulsado junto a Estados Unidos una campaña para evitar la elección de Venezuela.
«Con esta nefasta decisión» la ONU «se convierte en una organismo que promueve la violación de derechos humanos y que deja en total estado de indefensión a los ciudadanos que sufren los atropellos de dictaduras como la que impera en Venezuela», subrayó Colina.
El exiliado señaló que además de «usurpar» el poder, el Gobierno de Maduro es responsable de las muertes del expolicía Óscar Pérez, el concejal Fernando Albán y el capitán de la armada Acosta Arévalo, además de los estudiantes asesinados durante las protestas de 2017.
Entre tanto, la coalición política Derecha Ciudadana dijo que es una «burla hacía todas las víctimas del régimen venezolano que se le ofrezca una tribuna sobre la defensa de los DDHH a los principales violadores de los mismo en la región».
Además de Venezuela y Brasil, este jueves fueron elegidos en el Consejo de DD.HH. Libia, Mauritania, Sudán, Namibia, Indonesia, Japón, Islas Marshall, Corea del Sur, Armenia, Polonia, Alemania y Países Bajos.
El Consejo de Derechos Humanos se creó en 2006 para sustituir a la Comisión de Derechos Humanos, suprimida tras 60 años de trabajos por la crisis de legitimidad en la que había caído por decisiones vistas como parciales, politizadas y desequilibradas. EFE