El cerco diplomático al régimen de Nicolás Maduro quedó escenificado este miércoles en los márgenes de la Asamblea General de la ONU con reuniones e intervenciones que culminaron con el incremento de sanciones por parte de EE.UU. y la condena del régimen «narco-terrorista» de la mayoría de países latinoamericanos.
Aunque en el seno de la ONU el Gobierno de Maduro aún cuenta con un considerable apoyo -que incluye a China, Rusia, Turquía, Irán y Cuba, entre otros-, en el foro multilateral y sus actividades paralelas han sido más audibles en las últimas horas las voces de sus detractores.
Sin la presencia de Maduro, que viajó a Rusia, ni del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de cincuenta países, el protagonismo lo cobraron hoy los países americanos que se reunieron con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar la situación.
Al cónclave con Trump en la Gran Manzana acudieron los gobernantes de Colombia, Iván Duque; Ecuador, Lenin Moreno; Chile, Sebastián Piñera; y Honduras, Juan Orlando Hernández, además de representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú, Bahamas, República Dominicana, Haití, Jamaica y Santa Lucía.
Trump, como ya hizo el martes en su intervención en la Asamblea General, arremetió contra el «despiadado y corrupto» Maduro y de paso contra Cuba, a cuyo Gobierno acusa el inquilino de la Casa Blanca de manejar los hilos de Venezuela.
El mandatario pidió aumentar la presión internacional contra La Habana como vía para debilitar a Caracas, prometió seguir respaldando al pueblo venezolano y auguró que «todo se arreglará», sin aclarar cómo, más allá del endurecimiento de las sanciones que Washington impone sobre el régimen.
De hecho, el Gobierno estadounidense dio esta jornada una vuelta de tuerca a la presión sostenida que mantiene sobre el régimen de Maduro al anunciar que prohibirá la entrada a su territorio a altos funcionarios de Venezuela y sus familiares.
También anunció una nueva ayuda de 118 millones de dólares para aliviar la crisis humanitaria tanto en Venezuela como en los países de acogida de la diáspora de ese país.