En la selva amazónica que rodea Altamira, el municipio con mayor número de incendios forestales en agosto, las autoridades de Brasil siguen trabajando para apagar los incendios, pero se centran también en combatir los delitos ambientales que castigan desde hace años el pulmón vegetal del planeta.
Los incendios en la Amazonía brasileña han perdido fuerza en algunos puntos de la región, gracias, en parte, a las medidas de combate a fuego adoptadas por el Gobierno brasileño, cuyo canciller, Ernesto Araujo, viajó a Estados Unidos en busca de respaldo tras la presión internacional.
Las labores de fiscalización se han redoblado en las últimas semanas con el fin de frenar la creciente deforestación, que solo en el mes de julio aumentó un 278 %, en diversos puntos de la Amazonía.
Detrás de la tala indiscriminada de árboles en uno de los pulmones verdes del planeta se esconden, muchas veces, actividades ilegales como la minería artesanal o el tráfico de madera, que se han convertido en blanco de diversas operaciones policiales.
Tres minas artesanales, de gran porte y que operaban de forma clandestina, fueron descubiertas el jueves en Altamira, el mayor municipio de Brasil, y dos personas, a quienes les confiscaron tractores, motosierras y maquinaria pesada, acabaron siendo arrestadas.
El mismo día, en Sao Felix do Xingú, otro municipio del estado de Pará, un hacendado fue preso acusado de incendiar junto a su hermano y un empleado cerca de 5.000 hectáreas de selva en una área de protección ambiental próxima a su hacienda.
Pará es el estado más afectado por los incendios que desde hace semanas devoran la Amazonía y tan solo en el mes de agosto registró cerca de 10.000 puntos con fuego, la mayoría concentrados en tres municipios: Novo Progresso, Sao Félix do Xingú y Altamira, que con sus 159.133 kilómetros cuadrados de extensión -superior a la de Portugal, Suiza o Irlanda- es el mayor del país y el tercero en el mundo.