El fiscal general de EE.UU., William Barr, determinó este lunes que los familiares de una víctima de violencia no pueden optar a la solicitud de asilo como un «grupo social particular», poniendo así un nuevo obstáculo al sistema de asilo.
Al pronunciarse sobre el denominado «Asunto de L-E-A«, referido a una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración a favor de un ciudadano mexicano que solicitó asilo después de que su padre recibiera amenazas de parte de un cartel del narcotráfico, Barr decidió anular el fallo.
Según el fiscal general, la Junta «reconoció indebidamente a la familia inmediata del padre del demandado como un ‘grupo social particular’ a los efectos de calificar para el asilo«.
Bajo la ley de asilo, una persona que se encuentre en EE.UU. o que llegue a un puerto de entrada puede pedir asilo tras haber sido víctimas de persecución o temor a enfrentarla por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social y opinión política, beneficio que puede cobijar a cónyuge e hijos (menores de 21 años de edad y solteros) del solicitante.
Pero en su decisión, el fiscal argumentó que «la mayoría de las familias nucleares no son inherentemente distintas socialmente y, por lo tanto, no califican como ‘grupos sociales particulares'».
«El hecho de que un grupo criminal, como un cartel de drogas, una banda o una fuerza guerrilla, intimiden a un grupo de personas no, por sí mismo, convierte a esas personas en un grupo social particular«, agregó.
El documento del fiscal general se conoció después de que el pasado 24 de julio un juez federal en California bloqueara temporalmente las restricciones al asilo aprobadas una semana antes por el presidente de EE.UU., Donald Trump, que buscaban dejar fuera del sistema a la mayoría de solicitantes centroamericanos.