Después de más de 16 años en suspenso, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, reanudará las ejecuciones en casos federales a partir de diciembre de este año con el objetivo de dar «justicia a las víctimas de los crímenes más horribles», pese a la creciente oposición a la pena capital.
«El Departamento de Justicia respalda el estado de derecho y le debemos a las víctimas y sus familias llevar adelante la sentencia impuesta por nuestro sistema de justicia», señaló este jueves William Barr, el fiscal general estadounidense.
Barr transmitió su decisión al buró de prisiones y pidió a su director en funciones, Hugh Hurwitz, que programe las ejecuciones de cinco presos que fueron condenados a muerte por asesinato, y también por delitos de tortura y violación contra niños y ancianos.
La última ejecución federal se produjo en 2003 y actualmente hay 62 presos condenados a la pena capital por el Gobierno federal, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés).
Entre ellos, figuran el condenado por los atentados del maratón de Boston de 2013, Dzhokhar Tsarnaev; y Dylann Roof, sentenciado a muerte por el asesinato de nueve feligreses afroamericanos en una iglesia de Charleston, en Carolina del Sur, en 2015, aunque ambos se encuentran en el proceso de apelación legal.
Barr remarcó que «bajo Gobiernos de ambos partidos, el Departamento de Justicia ha buscado la pena de muerte para los peores criminales, incluidos estos cinco asesinos, cada uno de los cuales fue condenado por un jurado tras un proceso completo y justo».
La próxima ejecución está establecida para el 9 de diciembre, y al igual que las otras cuatro, tendrá lugar en la prisión federal de Terre Haute (Indiana).