La organización Amnistía Internacional (AI) consideró este lunes que la libertad de expresión y los derechos humanos se «ponen en riesgo» con la ley aprobada este fin de semana en el estado de Tabasco, sureste de México, la cual castiga con prisión a quienes se manifiesten en las calles.
La entidad expuso en un comunicado que la llamada «ley garrote» afecta a «la libertad de expresión y de reunión en el país» y que podría «ser un paso previo a la criminalización de la defensa de los derechos humanos».
La propuesta, aprobada en el Congreso estatal, castigará con entre 10 y 20 años de cárcel a quienes se manifiesten con marchas o bloqueos en las carreteras o impidan la realización de obras públicas.
Esto, a ojos de la organización, es «una reforma que criminalizaría las manifestaciones públicas».
«La iniciativa legislativa propuesta en Tabasco permitiría al Gobierno y a la iniciativa privada imponer megaproyectos que, de afectar a los pobladores, los dejarían sin voz para oponerse a ellos», destacó en el boletín Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
Agregó que «esto es una clara violación a la libertad de expresión en México«, dado que «además, se criminalizaría a las personas que quisieran ejercer su derecho a la asamblea pacífica».
AI consideró que este tipo de ley ha sido usado en México para inhibir indebidamente las manifestaciones y para criminalizar a personas defensoras de los derechos humanos.
Y argumentó que, desde 2016, el Gobierno federal ha usado ese tipo de disposiciones para criminalizar a manifestantes pacíficos que se opusieron a una obra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Cuetzalan, en el estado de Puebla, centro del país.
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