La Cámara baja de Florida aprobó este jueves un proyecto de ley que prohíbe las llamadas «ciudades santuario», que protegen a indocumentados, y obliga a las agencias locales a cooperar con las autoridades migratorias.
Con la aprobación hoy en la Cámara de Representantes estatal, con 68 votos a favor y 45 en contra, el proyecto de ley SB-168 se dirige sin obstáculos al escritorio del gobernador estatal, el republicano Ron DeSantis, para que la promulgue, lo cual se da por hecho.
El proyecto ya había salido adelante la semana pasada en el Senado estatal, por 22-18, y esta semana el texto se hallaba en debate en la Cámara baja, que con anterioridad ya había aprobado su propia versión.
La iniciativa ha sido semilla de emotivos debates esta semana en la Cámara de representantes y bajo la presión de sacar adelante un texto consensuado y revisado antes de que acabe mañana viernes el actual periodo de sesiones del Legislativo floridano, controlado por el Partido Republicano.
«Las agencias locales encargadas de hacer cumplir la ley pueden y deben trabajar con el gobierno federal para garantizar que la responsabilidad y la justicia sean una en nuestro estado», declaró DeSantis, poco después de conocida la votación.
Por medio de un comunicado, el gobernador recordó que a comienzos de este año pidió a la Legislatura de Florida le enviará en esta sesión un proyecto de ley «que respete el estado de derecho y aborde las ciudades y condados santuarios».
«Somos un estado más fuerte cuando protegemos nuestros residentes, fomentamos comunidades seguras y respetamos el trabajo de la policía en todos los niveles», agregó.
La iniciativa conjunta exige que todas las agencias estatales, gobiernos municipales y departamentos de policía no solo cumplan con la ley federal de inmigración, sino que también trabajen con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener y deportar a los inmigrantes.
El Partido Demócrata de Florida se lamentó este jueves de que fracasaron todas las enmiendas al proyecto con las que buscaban, entre otros, «proteger a los solicitantes de asilo y víctimas de delitos».